CCL: Protestas contra Tía María y anulación de Línea Amarilla amenazan la inversión privada

Este tipo de actitudes significan un retroceso en la estabilidad jurídica del país, indicó la presidenta del gremio, Yolanda Torriani.

Redacción Redacción

Fecha Actualización

25/08/2019 - 13:08

Las protestas contra el proyecto Tía María y la anunciada anulación del contrato de concesión de la Línea Amarilla, constituyen una amenaza a la inversión privada y un retroceso a la estabilidad jurídica en nuestro país, advierte la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Este tipo de actitudes provocan desconfianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, con lo cual se pierde la oportunidad de generar empleo formal y de calidad, generar mayores ingresos tributarios, desarrollar tecnológicamente al Perú e impulsar mayor bienestar a los peruanos, indicó Yolanda Torriani, presidenta del gremio.

Recordó que, del total de la inversión que existe en el Perú en la actualidad, el 80% proviene del sector privado.

Sobre el proyecto Tía María manifestó que las exigencias del Gobierno Regional de Arequipa no pueden, de ninguna manera, estar por encima de las decisiones del gobierno central.

“Es necesario que prime el principio de autoridad. El proyecto Tía María y cualquier proyecto minero que cuente con los permisos correspondientes debe desarrollarse, sin que ello implique dejar de lado los reclamos de la población que bien pueden ser justos”, indicó.

“De ningún modo se pueden obligar al Estado a retroceder en los permisos y autorizaciones que otorgó luego de comprobar el cumplimiento estricto de los requisitos”, precisó Torriani.

Con relación al anuncio de la Municipalidad de Lima de anular el contrato de concesión de Lamsac, la ejecutiva sostuvo que si bien hubo cuestionamientos, una de las razones por las que el Perú mantiene sus fortalezas macroeconómicas radica en su estabilidad jurídica, además de la política y social.

“Los países que buscan atraer a inversionistas extranjeros deben contar con reglas claras y predecibles. Debemos honrar nuestros contratos con quienes no incurrieron en corrupción probada porque, de lo contrario, caemos en una inestabilidad jurídica que no es aceptable en un país donde rige la economía social de libre mercado”, expresó.

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