Confiep y SNMPE exigen al Gobierno dar solución a los conflictos mineros

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) rechazaron los actos delictivos perpetrados contra la unidad minera Cuajone de Southern Copper, en la provincia de Mariscal Nieto (Moquegua).

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

21/03/2022 - 21:44

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) rechazaron los actos delictivos perpetrados contra la unidad minera Cuajone de Southern Copper, en la provincia de Mariscal Nieto (Moquegua).

Los gremios indicaron que el bloqueo de la vía férrea y del suministro de agua al campamento minero, por parte de grupos violentos, pone en peligro la vida y la salud de más de 5,000 personas que se encuentran aisladas desde hace más de 20 días y que ya vienen sufriendo la escasez de productos de primera necesidad.

“Desde nuestras organizaciones reconocemos que si bien la protesta es un derecho, esta debe ser ejercida siempre dentro del marco legal vigente, sin acciones de violencia que afecten los derechos humanos de la población afectada y sin ser utilizada como una forma de extorsión”, mencionaron en un comunicado.

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A este conflicto, se suman otros casos de bloqueos que han originado la interrupción de la producción de la minera Las Bambas, en Apurímac, que ha recibido una nueva amenaza de obstrucción dentro de los próximos 30 días; así como la paralización de la mina Atacocha de Nexa Resources, en Pasco.

En tal sentido, la Confiep y SNMPE manifestaron que urge contar con autoridades capaces de generar los espacios de diálogo para la prevención y gestión oportuna de los conflictos sociales, así como de garantizar, en el marco de sus funciones, el respeto del Estado de Derecho.

“Exhortamos al Gobierno a dar una pronta solución y tomar las medidas que le otorga la Constitución y las leyes para recuperar el orden público y la paz social, proteger los derechos fundamentales de las personas y de la actividad empresarial”, replicaron.

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