Doe Run no reanudará operaciones si no culmina su plan ambiental

El Gobierno afirmó que no se permitirá que una empresa “se valga de una serie de artificios para seguir operando y contaminando”.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

21/08/2019 - 20:45

Doe Run deberá culminar el plan ambiental que tiene pendiente si quiere reiniciar sus operaciones en La Oroya, el mayor complejo metalúrgico del Perú, afirmó el primer ministro, Óscar Valdés.

La planta de Doe Run Perú fue paralizada en 2009 en medio de los problemas financieros de la compañía, lo que dejó en la incertidumbre a unos 3,500 trabajadores.

Pero a mediados de enero, una junta de acreedores decidió reestructurar y no liquidar la empresa, aunque falta que apruebe el plan para llevar a cabo ese proceso.

Valdés subrayó que el Gobierno no permitirá que Doe Run Perú, controlada por la estadounidense Renco Group, siga contaminando el medio ambiente en La Oroya, la empobrecida zona donde está ubicada la fundición metalúrgica.

"Mientras que no se construya la planta esto no va (el reinicio de operaciones). Y no va porque de ninguna manera vamos a permitir que se siga envenenando a los peruanos y que una empresa se valga de una serie de artificios para seguir operando ahí y contaminando", dijo el jefe del gabinete en TV Perú.

Destacó que el Estado peruano es uno de los principales acreedores de Doe Run, por lo que el Gobierno estará muy atento a que el proceso de restructuración garantice la protección del medio ambiente y la salud de los pobladores.

"Doe Run es un tema bastante complicado, es una empresa que ha demandado al Perú ante el CIADI, tiene un problema en la corte por delitos de lesa humanidad por la vida de 100 niños y esas cosas no las podemos soslayar acá, eso tiene que estar en las mesas de negociaciones", acotó Valdés.

Para poder reiniciar sus operaciones, Doe Run requiere que el Congreso extienda el plazo para la culminación de su plan ambiental, que deberá mejorar o remediar la zona en la que operó tras años de contaminación.

En septiembre del 2009, el Congreso aprobó la ampliación por 30 meses del plazo para la concreción del plan de remediación ambiental. Pero la metalúrgica incumplió su compromiso, por lo que el entonces gobierno del presidente Alan García dijo que retiraría la licencia de la empresa.

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