El Perú en el largo camino hacia la OCDE

Si bien la invitación se hizo en el gobierno de Castillo, Perú tiene 14 años detrás de este objetivo. En 2012, Humala solicitó que Perú sea invitado, dos años después (2014), la OCDE lanza el Programa País OCDE-Perú, con el objetivo de identificar las políticas de mejora y reformas en Perú. Y en 2016, el Congreso crea la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación a la OCDE, pues hay normas que no pueden ser aprobadas por el Ejecutivo sino por el Legislativo.

La invitación trae consigo responsabilidades, porque el gobierno se compromete a preservar las libertades individuales, ii) respetar la democracia y el Estado de Derecho, y a iii) mantener el comercio abierto, competitivo y sostenible.

Además, la evaluación técnica implica que se analicen las políticas del país y se comparen con las prácticas de la OCDE, para establecer una hoja de ruta. Hasta el 2020, Perú aprobó 45 normas y estándares de las 248 que pide la OCDE (18%).

Las evaluaciones del grupo son en torno a cinco pilares: (i) desarrollo económico, (ii) gobernanza pública, (iii) transparencia y lucha contra la corrupción, (iv) productividad y capital humano, y (v) medioambiente.

Sobre desarrollo económico, según cálculos de OCDE al 2017, la productividad laboral en Perú representa cerca de la tercera parte del promedio de los países de la OCDE. El empleo informal sigue siendo muy alto (casi 80%).

La recaudación tributaria de Perú alcanza un 16.6% del PBI, mientras el promedio de la OCDE es de 33.8%. Pero esto es por la inmensa carga impositiva que tiene el sector formal, mientras la economía informal no contribuye directamente.

Según diversos informes del organismo, para impulsar el crecimiento y la productividad en el Perú, se necesita reducir las barreras al emprendimiento, desarrollar nuevas industrias competitivas, bajar los costos de la contratación formal, simplificar regímenes tributarios y reducir costos administrativos y fijos vinculados a la formalidad.

En cuanto a gobernanza, la ODCE recomienda una estrategia para aumentar la autonomía financiera de los gobiernos regionales y mejorar el proceso de descentralización.

La invitación está sobre la mesa y se necesita dejar la ideología de lado para hacer un diagnóstico adecuado y trabajar por las reformas que el país requiere.

Entre las recomendaciones de la OCDE, también está que se incremente la proporción de impuestos directos (sobre la renta personal), lo cual requiere evaluar el impacto de algunos beneficios tributarios.

Con el objetivo de reducir la evasión y elusión fiscal, la OCDE recomendó el acceso de la administración tributaria sobre información bancaria sensible, y el Perú aprobó esta regulación el 9 de mayo de 2021, para que la Sunat reciba un reporte semestral de todas las cuentas bancarias con saldos de más de S/30,800. Con ello, la Sunat tiene acceso a las operaciones y saldos de aproximadamente 3.5% del total de cuentas existentes (90,000 personas naturales y 135,000 personas jurídicas), que equivale al 88% de los montos depositados en todo el sistema, según la SBS.

Lucero Martínez, economista de la Asociación de Contribuyentes (ACP), recordó que la propuesta diseñada inicialmente era que se informe de manera mensual las cuentas superiores a S/10,000. “Según cálculos de ACP, ese tope permitía que se fiscalice por lo menos 2.2 millones de cuentas bancarias, 1.5 de ellas con saldos entre 10 y 50 mil soles que representaban menos del 20% del monto total de depósitos. Una medida que fiscalizaba principalmente a los más pequeños. Esta invasión de la privacidad en los más pequeños abría la posibilidad de desalentar la bancarización y fomentar la informalidad”, dijo.

“No se debe ignorar lo que se puede aprender de las experiencias internacionales, pero cada país tiene sus propias condiciones, características y problemas estructurales. Imitar políticas sin adaptación a esa realidad puede ser contraproducente”, agregó la especialista.