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Gobierno modifica el cálculo del valor de mercado para la exportación de 'commodities'

La medida forma parte de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia tributaria y reducirá la preocupación de las empresas en torno a sobrecargas tributarias.

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Fecha Actualización
A través del Decreto Legislativo Nº1381, el Poder Ejecutivo realizó una modificación a la forma de calcular el valor de mercado para la exportación de commodities por lo que las empresas ya no se regirán necesariamente por la metodología de fecha de precio de embarque sino que tendrán que informar a Sunat al momento en que se firmen los contratos de exportación.
Al respecto, Juan Carlos Vidal, Socio de Tax & Legal de KPMG en Perú, indicó que “antes de la modificación, la metodología indicaba que el precio de mercado se establecía a partir del precio de cotización en bolsa de los productos en la fecha de embarque. El problema es que en la práctica el mercado no funciona con este criterio puesto los precios pueden ser muy distintos”.
Con la nueva modificación que entrará en vigencia el 1 de enero de 2019, las empresas estarán en la obligación de informar a Sunat al momento en que se firmen los contratos de exportación, a la vez que se establece un mecanismo de tipo declaración jurada a través del cual los exportadores de commodities tendrán que reportar sus contratos con una fecha determinada.
El método de fecha de embarque se dejará en última instancia y se aplicará únicamente en caso de que las empresas no cumplan con la nueva normativa anunciada.
“Si bien la norma actual no se llegó a poner en práctica, la modificación era largamente esperada porque preocupaba a las empresas por posibles sobrecargas tributarias, además de carecer de base técnica y diferir significativamente de los estándares de la OCDE”, añadió Vidal.
El economista asegura que la medida forma parte del esfuerzo del Ejecutivo por adecuar la normativa en Precios de Transferencia a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Se estima que la normativa tendrá efecto en cerca de 200 empresas multinacionales pertenecientes, sobre todo, al sector minero y agroindustrial.