Un total de tres empresas pesqueras industriales sufrieron la incautación de sus embarcaciones como parte del proceso de extinción de dominio por infracciones administrativas, dejando sin trabajo a toda su tripulación, perjudicando la producción pesquera nacional, sostuvieron la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP) y la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de la Ley 26920.
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En un comunicado, los gremios indicaron, en primer lugar, que la pesca industrial es una actividad formal, altamente regulada en nuestro país, y uno de los pilares de la economía nacional por la generación de empleos y divisas. Precisaron que esta actividad contribuye en garantizar la seguridad alimentaria en el Perú y el mundo, debido a que se desarrolla en cumplimiento de altos estándares internacionales de sostenibilidad y conservación de los recursos hidrobiológicos.
Por ello, lamentaron que, pese a la contribución de esta actividad, se le viene aplicando de manera desproporcionada medidas como la extinción de dominio, que se usa principalmente para combatir las actividades ilícitas realizadas por la criminalidad organizada como el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, lavado de activos, minería ilegal y otras con capacidad de generar dinero, bienes o ganancias de origen ilícito.
“Lamentablemente, esta medida se viene aplicando de manera desproporcionada a las actividades desarrolladas por empresas formales (…). Tal es el caso del sector pesquero industrial, que se encuentra en grave riesgo debido a las incautaciones de las embarcaciones producidas recientemente, generando una seria crisis que afecta a trabajadores, empresarios y proveedores que operan dentro del marco legal”, precisaron.
Sostuvieron que la actual interpretación del proceso de extinción de dominio por parte de las autoridades ha sobrepasado su objetivo original; afectando seriamente la sostenibilidad de las actividades económicas formales.
“Equiparar una infracción administrativa a un delito grave y someterla a sanciones propias del crimen organizado, desvirtúa la finalidad de este proceso, afectando injustamente a trabajadores y empresarios honestos”, manifestaron.
Las organizaciones exhortaron a las autoridades a revisar y adaptar con urgencia normas de extinción de dominio, garantizando que no se utilicen de manera arbitraria o desproporcionada en contra del sector pesquero o de cualquier otra actividad, cuya naturaleza no aplica. Además, exigieron a las autoridades a enfocarse en combatir efectivamente el crimen organizado, sin impactar a quienes operan legalmente.
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