Habría riesgo en estabilidad fiscal por reconocimiento de bonos ante jubilación anticipada, según economistas

Los expertos Diego Macera y Pablo Secada también indican que con el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) se pone en peligro la etapa de vejez de los afiliados.

Javier Artica

Fecha Actualización

17/03/2021 - 13:59

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó ayer el proyecto que permite la jubilación anticipada en el Sistema Privado de Pensiones a partir de los 50 años, tanto para hombres como mujeres. Ahora pasará al Pleno para su votación.

Ante el dictamen que modifica la Ley No. 30939, que establece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para desempleados (REJA), Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que esta iniciativa representa un riesgo fiscal debido a que el Estado deberá entregar bonos de reconocimiento a los afiliados de la AFP que antes estuvieron en la ONP y se jubilen.

“Sin duda hay un problema de flujos. Los BDR (bono de reconocimiento) tienen que estar calzados con las reglas actuales de jubilación; adelantar los pagos significa gastar hoy lo que esperabas gastar mañana”, refirió.

Según el exministro de Economía, David Tuesta, el Tesoro Público tienen alrededor de S/ 500 millones anuales para redimir estos bonos a los jubilados del REJA y con esta medida del Congreso se incrementaría en un 25%; es decir a S/ 625 millones al año.

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En tanto, el economista Pablo Secada indicó que, al soltar dinero al ciudadano, conllevará que exista más endeudamiento no solo del Estado por la parte fiscal, sino también de los que retiran su dinero de las AFP.

“Se ha hecho un estimado de la reducción de fondos de la AFP y tiene un impacto tremendo en el ahorro y para el futuro de las personas que están retirando su dinero”, precisó.

De acuerdo a la SBS, a diciembre del 2020 ya hay 237,923 afiliados de la AFP que retiraron sus recursos acogiéndose al REJA y el 80% tenía menos de 60 años.

DESPROTECCIÓN A LOS JUBILADOS

Para Macera, más allá del riesgo fiscal, el problema de fondo es la desprotección en la etapa de vejez de los afiliados.

“En promedio, una persona de 50 años tiene casi tres décadas por delante para vivir. Los ahorros previsionales que haya acumulado hasta esa edad en casi ningún caso van a poder cubrir ese periodo largo. Eso significa que, cuando se acaben esos ahorros, la persona va a tener que depender de su familia, del Estado, o continuar trabajando ya como adulto mayor para sostenerse”, explicó.

En este sentido, el experto comentó que para tener mejores pensiones hay que aportar más y eso se logra con mayor productividad en el trabajo y más formalidad.

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“Lo otro es que la posibilidad de retirar el 95.5% es una desnaturalización profunda del sistema de pensiones, que en efecto ya no es un sistema de pensiones, sino un sistema de ahorro forzado hasta cumplir cierta edad”, agregó.

Por su parte, Secada manifestó que el esquema de pensiones del país está roto y no hay una propuesta contundente.

“Debe existir un solo sistema de protección social que tenga salud, pensión y desempleo y se financie con recursos fiscales y con el ahorro de cada persona. Lo administra un privado regulado por el Estado en cuentas individuales”, acotó.

Agregó que se le podría permitir a una persona con ingresos bajos que todo su IGV se vaya a su cuenta individual.

“Esta reforma lo hemos hablado muchas veces, así que se puede implementar rápido. Estuve en el Ministerio de Economía (como asesor) y hemos discutido esta propuesta, pero la SBS está concentrada en la supervisión de los bancos y no está interesada”, dijo.

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