Ley de contrataciones impide otra licitación del Antepuerto del Callao, afirma Asppor

“Esta intervención debería sustentarse en el artículo 67° de la Ley de Contrataciones peruana, que impediría la licitación hasta el próximo ejercicio presupuestal, es decir el 2023, pues “se encuentra fuera del marco normativo vigente para las contrataciones públicas”, según explicó Favio León, presidente de Asppor.

Cabe mencionar, que la obra (licitación pública 003-2021-MTC/10) le costará al país S/ 155.6 millones aunque, como se recuerda, el monto inicial (en la primera licitación) era menor a los S/140 millones. Rehacer el expediente técnico generó un sobrecosto de S/ 20 millones, que asumen todos los peruanos, según el gremio.

“¿Acaso es posible que en un mismo periodo presupuestal una entidad cancele un proceso de selección de un proyecto debido a un evento de fuerza mayor y que posteriormente realice la convocatoria para una nueva licitación pública por el mismo proyecto?”, cuestionó León.

Además, explicó que “de acuerdo con el OSCE, de conformidad con el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, una vez la Entidad emita su decisión de cancelar el procedimiento de selección, se encontrará imposibilitada de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la cancelación sea la falta de presupuesto. Sin embargo, señala el OSCE que, al revisar el SEACE, se ha encontrado la convocatoria de la Licitación Pública N.° 003-2021-MTC/10-1, con el mismo objeto contractual, lo que constituiría una transgresión a la normatividad de contratación pública vigente”.

Es decir, que dicha licitación estaría transgrediendo el marco normativo vigente que rige la contratación pública, ya que la entidad a pesar de estar imposibilitada, ha optado por realizar un nuevo proceso de selección bajo Licitación Público, explicó el presidente de Asppor.

Según carta de ASPPOR al Congreso, este antepuerto también significaría la creación de un monopolio a favor de un privado vulnerando así el mandato contenido en el artículo 61° de la Constitución Política del Estado, que cautela el régimen de libre competencia y establece la prohibición de prácticas de monopolio.

Por otro lado, en el proyecto del antepuerto “hasta el momento no se señala de manera oficial el modelo de negocio que tendrá la gestión administrativa del Antepuerto”, explicó Favio León.

Recordó también una serie de irregularidades en anteriores procesos para el mismo tema y la posibilidad de que el Congreso pregunte al MTC si realmente subsanó las situaciones adversas identificadas por el Órgano de Control Interno, referidas a deficiencias técnicas e incongruencias presentes en el expediente técnico; especificaciones técnicas, planos y el presupuesto de la obra, y de ser así, ocasionaría una vez más postergaciones o prórrogas para el otorgamiento de la buena pro, incluso una nueva cancelación de la licitación con mayores sobrecostos para la ejecución de la obra.