[OPINIÓN] Patricia Teullet: “Delincuencia: Por dónde empezar contra ella”

Y, claro, aparecen las demandas por medidas para combatir la delincuencia, pero pasan las semanas y los meses y no hay liderazgo por parte de las autoridades. El Ejecutivo ha pedido delegación de facultades al Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana, pero, según los expertos, no hay en ese paquete de normas un plan que, efectivamente, ayude a eliminar o reducir la delincuencia.

Ya son varios los que sostienen que quisieran ver implementado un “plan Bukele” en el Perú. Una medida que implica la suspensión de garantías y que “barre con todo” lo que aparente ser delictivo. Por ello, la estrategia de Bukele tan admirada por muchos es criticada por la violación de derechos de miles de inocentes. Tampoco debemos dejar pasar el hecho de que el plan difícilmente puede desarrollarse en un entorno democrático con equilibrio de poderes y que, en El Salvador, Bukele controla la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, la Corte Suprema y el Tribunal Electoral. En la práctica, se trata, entonces, de un gobierno populista que concentra peligrosamente el poder.

Ante la mención del “plan Bukele”, el presidente del Consejo de Ministros respondió que lo que se tenía que aplicar era el plan Boluarte. Sin embargo, no ha podido explicar cuál es la estrategia detrás de dicho plan. Viendo lo que ha ocurrido con quienes lucharon contra el terrorismo y cómo hasta Víctor Polay consigue que organizaciones internacionales hagan eco de sus absurdas demandas, difícilmente se aventurará el gobierno de Boluarte en medidas que puedan ser luego cuestionadas por violar derechos. Recordemos que todavía no ha terminado con las denuncias por las muertes durante las protestas después del golpe de Castillo.

Uno de los problemas que tenemos los peruanos es que pensamos que todo se resuelve con leyes. Mientras se intenta convencer al Congreso para que las apruebe, hay medidas urgentes que se podrían estar implementando. Hace falta un mayor número de efectivos policiales (se estima que hay una brecha de 40 mil); a los que hay no se les dota de los elementos fundamentales para ejercer bien su labor y continúan con comisarías deterioradas, patrulleros malogrados, armamento obsoleto, falta de municiones y de laboratorios de investigación y hasta de presupuesto para la gasolina. Se requiere, además, enfrentar y superar la crisis moral que seguramente se vive en la Policía, luego de las denuncias de ascensos a cambio de pagos.

La verdad es que, antes de llegar a las leyes, y con o sin ellas, tenemos mucho por dónde comenzar y el Ejecutivo debería ya estar pensando en cuáles serán esas primeras medidas que formen parte de un plan integral de seguridad.