SNMPE cuestiona que se busque dar "trato preferente" a investigados por violencia en conflictos sociales

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli Drago, expresó su preocupación ante pedidos del Ministerio de Justicia que buscan fijar criterios especiales en el Ministerio Público y el Poder Judicial para la investigación y juzgamiento "adecuado" de personas involucradas en acciones de violencia registradas en los últimos conflictos sociales en el país.

Durante la segunda sesión de la mesa denominada Justicia y Derechos Humanos realizada el último viernes 24 de mayo entre el gobierno y los comuneros de Cotabambas, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, indicó que como parte de los acuerdos alcanzados, la Defensa Pública hará un pedido a la Corte Suprema de Justicia para que evalué las consecuencias penales de la protesta social, a fin de que los jueces cuenten con estándares y criterios para evaluar adecuadamente los reclamos de las comunidades que se ven involucradas en conflictos sociales.

"La ley es igual para todos, por lo que no puede darse un trato preferente en su aplicación por el hecho de tratarse de un conflicto o protesta social. Nuestra democracia se sustenta en la independencia de poderes y todos tenemos el derecho a un debido proceso. Democracia no es sinónimo de impunidad", comentó Fumagalli Drago.

El líder gremial añadió que un segundo compromiso asumido por el despacho de Justicia es que la Defensa Pública también presentará un pedido ante la Fiscalía de la Nación y el Control Interno del Ministerio Público para que evalúen el desempeño de los fiscales de la provincia de Cotabambas.

"Este tipo de pedidos es sumamente peligroso, pues en la práctica se está poniendo en tela de juicio el trabajo de los fiscales quienes son responsables de la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal pública", expresó el presidente de la SNMPE.

Finalmente, Fumagalli Drago invocó a las autoridades a continuar en el esfuerzo de construir y sostener la paz social que tanto se necesita para el progreso del Perú, fortaleciendo las instituciones y defendiendo el Estado de Derecho.