Hermana de Patricia Benavides ahora sí tiembla

Fecha Actualización

25/02/2024 - 07:00

Hace exactamente un año, el fiscal Uriel Terán cumplía con el propósito para el que había sido designado: pidió al Poder Judicial que archive la investigación contra la jueza Enma Benavides, implicada en el cobro de coimas a narcotraficantes. La hermana de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides iba a quedar libre de polvo y paja cómodamente. Ese era el plan, reveló el exasesor Jaime Villanueva.

Sin embargo, la caída de la fiscal suprema, sindicada de encabezar una organización criminal, lo cambió todo. Villanueva detalló el irregular proceder que desplegó su exjefa para salvar a su hermana jueza.

Ello incluyó retirar a la fiscal Bersabeth Revilla, quien tenía el caso, y poner a Terán en su lugar. Y hubo más. Según el relato del ahora colaborador eficaz, Benavides contactó al juez supremo Juan Carlos Checkley, el que debía evaluar el archivamiento, para concretar su cometido.

De acuerdo al testimonio, los encargados de hacer esa coordinación fueron el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón. El propósito era que el juez fije la audiencia en una fecha en la que hubiera un tema de trascendencia nacional que pudiera distraer la atención del caso de su hermana.

Sin embargo, el magistrado Checkley —quien no ha aclarado si la versión de Villanueva es cierta— rechazó el requerimiento de Terán. Enma Benavides pasó de la celebración a la frustración en menos de 12 meses.

Con la suspensión de la fiscal Benavides llegó Juan Carlos Villena para convertirse en la máxima autoridad del Ministerio Público. Con él, Terán quedó fuera y su lugar fue ocupado por su adjunto, el fiscal supremo Alcides Chinchay.

Chinchay, de 59 años, ostenta el título de supremo desde 2011 y conoce bien el caso de la jueza Benavides. Y es que también fue adjunto de Bersabeth Revilla.

El trabajo de Chinchay ahora es reencauzar las diligencias para conseguir las pruebas que su predecesor no quiso buscar y que demuestren, como apuntan los testigos, que la jueza Benavides pedía entre US$100,000 y US$150,000 para excarcelar a procesados por narcotráfico.

Quiere interrogar a narcos en el extranjero

El fiscal Alcides Chinchay ha tomado su tarea en serio. El 2 de febrero pasado, apeló la decisión del juez Checkley de ampliar por apenas cinco meses la investigación suplementaria contra Enma Benavides.

Checkley dio este plazo el 22 de enero último, tras denegar el archivamiento que pretendía el fiscal Terán.

En su solicitud de febrero, a la que accedió Perú21, Chinchay requirió que el tiempo de indagación sea de 24 meses.

El fiscal supremo cuestionó que el magistrado haya fijado el plazo inicial para concluir la indagación sin tomar en cuenta cuánto demorarían las diligencias que este mismo ordenó que se realizaran.

Por ejemplo, en su resolución de enero, Checkley dispuso que la Fiscalía interrogue a Roberto Carlos Gómez Herrera, alias ‘Huevo’, uno de los excarcelados por la sala que integraba Benavides y quien, tras su liberación en 2015, cayó en Brasil por tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con Chinchay, tramitar el interrogatorio vía Cooperación Judicial Internacional tomará seis meses. Ese lapso de tiempo ni siquiera contempla el interrogatorio en sí, lo que impediría cumplir con la orden del juez. El testimonio de alias ‘Huevo’ es clave.

En su requerimiento, además, Chinchay aclara que solo el fiscal, como el perseguidor del delito, puede determinar qué diligencias son necesarias para recabar las pruebas que permitan conocer la verdad.

“El imponer al Ministerio Público la realización de actos de investigación sin permitir la posibilidad de realizar otros que deriven de los ya dispuestos o nuevos que surjan a mérito de la progresividad de la investigación es una exigencia no prevista expresamente en la norma procesal, lo que podría afectar el derecho a la prueba”, se lee en el escrito.

Si se acatara estrictamente esa orden judicial, el fiscal tampoco podría tomar la declaración de otro procesado por narcotráfico beneficiado por el tribunal que encabezó Benavides.

Se trata de Edison Ruiz Martínez, de quien Perú21 reveló que fue capturado en mayo de 2022 en Colombia, en un operativo para dar con los asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Según la tesis fiscal, Ruiz pagó coimas a la jueza Benavides, y al resto de integrantes del Colegiado E, para ser liberado en 2015. Este es otro testimonio elemental para el caso.

Por esa razón, el fiscal Chinchay también solicitó, de no acogerse los 24 meses de plazo, que el fallo de Checkley sea anulado y se le ordene que emita una nueva resolución.

A diferencia de su hermana fiscal, que fue suspendida seis meses del cargo, Enma Benavides Vargas no parece pasarla tan mal. Pese a la gravedad de las imputaciones, sigue ejerciendo como jueza superior.

A inicios de año, Benavides fue ratificada por la Corte de Justicia de Lima como presidenta de la Segunda Sala Penal Liquidadora.

Este diario se contactó con la magistrada para conocer sus reacciones al pedido de 24 meses de plazo de la Fiscalía. Sin embargo, al cierre de esta edición, no hubo respuesta a los mensajes de WhatsApp que se le dejaron.

Quien sí contestó fue el abogado Bryan Kabsther, quien hasta el año pasado venía ejerciendo la defensa de la jueza. Pero Kabsther aclaró que la magistrada no es más su clienta. “Ya no estoy en contacto con el expediente ni con la señora Benavides”, refirió.

En una audiencia de 2022, la jueza Benavides reclamó por estar bajo investigación durante cinco años y exigía culminar con el proceso ante la supuesta falta de pruebas. Todo indica que tendrá que seguir esperando.

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