Juez ordena incautación de más S/3 millones a Vladimir Cerrón y su madre

El dinero del dueño de Perú Libre y Bertha Rojas se encontraba en sus cuentas bancarias.

Fecha Actualización

08/08/2022 - 22:46

El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundado el pedido del Ministerio Público para que se incaute las cuentas bancarias, financieras y bursátiles de los investigados Vladimir Cerrón Rojas y Bertha Rojas López por un total de más de S/ 3'020 642.31.

El requerimiento fue formulado por el fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez, en el marco de la investigación de una presunta organización criminal constituida en el partido político Perú Libre.

MIRA: Fiscalía pedirá al Poder Judicial incautar la reparación civil de Vladimir Cerrón

Las cuentas que serán incautadas son 11 en total. Cinco pertenecen a Bertha Rojas y seis a Vladimir Cerrón. La madre del secretario general del partido oficialista, tiene los montos de S/385,535.00 y US$ 235,554 (al cambio es S/923,371), en dos cuentas diferentes del banco Credicorp, en el Banco de la Nación guarda los montos de S/67,811.28; S/30,609.05 y S/0.17 en tres cuentas distintas.

Por su parte, Cerrón guarda las enormes cantidades de S/377,027.93 y S/1'236,543.30 en los bancos BBVA e Interbank, respectivamente. Las otras cuatro cuentas tienen montos menores, tres pertenecen al BBVA y una a Interbank.

Perú21 advirtió en agosto del 2021 que Rojas pagó S/284 mil de reparación civil a favor de su hijo, operación que levantó la sospecha de la Procuraduría Anticorrupción y pidió la incautación de esa cifra.

Para la Fiscalía el dinero en manos de Cerrón y su madre serían producto de actividades ilícitas que desplegaron Los Dinámicos del Centro, organización criminal integrada por dirigentes de Perú Libre, desde el gobierno regional de Junín entre 2019 y 2020.

El fiscal Richard Rojas requerió al Poder Judicial la incautación de todo el dinero de la indemnización que Cerrón depositó desde 2020 para pagar su reparación civil de S/850 mil al ser encontrado culpable y condenado a tres años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible. Este dinero fue abonado en exhorbitantes cantitdades, por lo que la Procuraduría puso en tela de juicio su procedencia.

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