[VIDEO] Congresista de Perú Libre “copia y pega” la Ley de la hoja coca de Bolivia

El 25 y 27 de octubre los congresistas de Perú Libre Wilson Quispe y Margot Palacios presentaron dos proyectos de ley, cada uno en busca de ‘industrializar’ la hoja de coca en el país. ¿Sus nombres? “Ley que declara a la hoja de coca como patrimonio cultural y cultivo emblemático que promueve la investigación y el desarrollo industrial de sus derivados” y “Proyecto de ley: regula la actividad del cultivo, producción, comercialización e industrialización de la hoja de coca”.

La sorpresa en ambos proyectos es que, párrafos enteros e ideas completas –sobre todo en el de la legisladora Palacios–, han sido literalmente “copiadas y pegadas” de la Ley General de la Coca Nº 906 de Bolivia, que data del 8 de marzo de 2017.

El Proyecto de Ley 538/2021-CR propuesto por el congresista Wilson Mamani tiene nueve similitudes en diferentes artículos con la Ley General de la Coca de Bolivia, entre ellas el objetivo, las definiciones, la regulación, control y fiscalización, las zonas autorizadas, la investigación e industrialización, infracciones y el centro de investigación integral de la coca.

Pero Quispe se quedó corto al lado de su colega de bancada. El proyecto de ley de la representante de Ayacucho, además de tener 10 artículos parecidos a la ley boliviana, tiene párrafos enteros copiados. Estamos hablando, por ejemplo, de la similitud entre los artículos 4, 5, 6, 8, 11, 12 y 13 del proyecto peruano con los artículos 4, 5, 6, 11, 27, 28 y 30 de la norma en Bolivia.

Esto significa que el país no estaría simplemente “imitando” el modelo boliviano, sino que se estaría calcando el plan de Evo Morales, y esto a la larga, incluiría los conflictos y el incremento exponencial del narcotráfico en el país.

Nicolás Zevallos, exviceministro del Interior, señala que “la realidad boliviana y la peruana no son similares, la dinámica de comercio y consumo interno de la hoja de coca en Bolivia no son iguales a las nuestras, tampoco los gremios cocaleros; entonces, aun cuando nos parezcamos, el hecho de copiar y pegar una norma para aplicar en nuestro país sería bastante poco adecuado para lo que nuestra realidad merece”.

En Bolivia, los conflictos se dan alrededor de los mercados legales de la hoja de coca. Fuentes de Devida advierten que “esos enfrentamientos entre cocaleros de estos mercados responden a que los canales legales no están siendo del todo eficientes para satisfacer la demanda de los agricultores. Entonces, si en Bolivia que tienen ese modelo hay esas dificultades, en Perú que no es igual ¿qué cosa podría pasar? Los proyectos parecen no responder esa duda”.

De ser aprobados ambos proyectos de ley, se abrirían las puertas para el libre cultivo de hoja de coca entre 13 y 19 cuencas en todo el Perú, entre ellas: Alto Huallaga, Alto Chicama, Monzón, Bajo Amazonas, Pichis Palcazu - Pachitea, Aguaytía, Vraem, La Convención, Yanatile y Lares, Kosñipata, Inambari, Tambopata, San Gabán, Sandia, Putumayo, Trapecio Amazónico, Cuenca del Marañón, distribuidas en 14 regiones.

Según cuenta Alberto Hart, director de Proyecto en el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro), “en Putumayo, el Trapecio amazónico, San Gabán, Sandia, Inambari y Tambopata, nunca hubo cultivos de hoja de coca, sino hasta hace pocos años, 2013 o 2015, en las zonas de Putumayo y el Trapecio amazónico, San Gabán y Sandia no hay población que consuma tradicionalmente hoja de coca”.

El exministro Zevallos añade que “en las áreas naturales protegidas no es tradicional el cultivo de hoja de coca, porque tiene ciertos parámetros de cuidado y custodia que no permiten ningún tipo de cultivo y menos uno de esta naturaleza; algo semejante ocurre con los territorios de comunidades nativas, ya que no tienen arraigo en el consumo tradicional de hoja de coca, los propios asháninkas han manifestado su preocupación por la invasión de su territorio y sus recursos”.

“Hay una intención de considerar que legalizando todos estos cultivos el problema podría resolverse, pero es muy difícil pensar que va a ser controlada una producción tan grande”, asevera Alberto Hart. Ambos expertos se preguntan qué se hará con la hoja de coca ilegal que se incaute.

Mientras todo esto sucede, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, aún no ha reanudado los operativos de erradicación de hoja de coca en el Vraem y San Gabán. Una medida con la que solo celebra

Beto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana de Bolivia, advierte que hay estudios que demuestran que la mayor cantidad de coca en Bolivia está siendo distribuida al narcotráfico.

“Desde un inicio desde el gobierno de Evo Morales siempre le ha interesado que se incrementen los cultivos de coca; incluso ha habido un informe de la Unión Europea donde dice que Bolivia actualmente se está excediendo en 15% de cultivos de hoja de coca, se está yendo contra la ley”, indicó a Perú21.TV.

“Sin duda, se puede observar lo que Morales ha hecho durante 14 años y está queriendo replicar allá (Perú)”, dijo refiriéndose no solamente a la Ley de la hoja de coca, sino también a “nacionalizar los hidrocarburos” y “que el presidente del Perú se quede en el poder”.

La parlamentaria de Perú Libre defendió su posición e insiste con seguir el fracasado modelo boliviano de industrialización de la hoja de coca.

Hemos presentado el proyecto de ley general de la industrialización de la hoja de coca. Recogiendo las demandas de las 19 cuencas cocaleras que tenemos en el Perú, donde se cultiva esta milenaria y ancestral hoja de coca.

Estamos planteando la creación de un instituto de fiscalización e investigación tecnológica de la hoja de coca adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario. Y también, en este caso, que desaparezca la Enaco.

Es una demanda de estas cuencas cocaleras y manifiestan que Enaco ha generado un monopolio. Es la única empresa que compra la hoja de coca, pero a ciertos grupos y a ciertos sectores, y no compra la cantidad que, siendo realistas, se produce en estos valles de las 19 cuencas que tenemos. Es ponerle un valor para fines farmacéuticos y estéticos como lo hemos visto en otros países.

En todo caso, ¿cómo hasta el día de hoy el Estado no puede controlar eso? En estas zonas hay bases del Ejército y no se da el control necesario. ¿Cómo es que la Sunat hasta hoy no controla el ingreso de los insumos para la producción de cocaína? Entonces esas serían preguntas que debería responder el Estado a través de estas instancias.

En el proyecto de ley también estamos hablando de una reducción gradual consensuada. El pueblo de estas cuencas cocaleras está consciente de que se tiene que hacer una gradual erradicación y un empadronamiento real. Hay una predisposición total de ya no continuar sembrando. Hay una predisposición de empadronarse para disminuir estas extensiones de cultivos.

Hay que ser bien sinceros también y decir que mi proyecto de ley va a ir para las zonas donde se cultiva.

Cada contexto es distinto y no podemos igualarnos. Por eso debe crearse este instituto de investigación para que determine los valores nutricionales, medicinales y estéticos de esta hoja sagrada y milenaria, para después poderla procesar y tener productos que sirvan.