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Más de 1,700 menores fueron víctimas de abuso sexual en lo que va del año [INFOGRAFÍA]

Mientras violadores sexuales continúan actuando impunemente en nuestro país, en el Congreso de la República hay una serie de proyectos de ley contra este delito que están a la espera de ser revisados y aprobados.

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Fecha Actualización
Inocencia robada. Terribles casos como el de una menor de solo tres años que habría sido víctima de abuso sexual dentro de su propia escuela se repiten día a día y se incrementan año a año en nuestro país en medio de una aparente impunidad. Y es que nada parece parar las cifras alarmantes de denuncias de abuso sexual contra los seres más vulnerables: los niños.
De acuerdo a estadísticas de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), entre enero y marzo de 2018 se han denunciado un total de 1,727 casos de abuso sexual contra menores, de entre 0 y 17 años, es decir, pequeños que han sido víctimas de violación sexual o tocamientos indebidos.
La cifra en el caso de violación sexual es de 886 menores atacados en los tres primeros meses del presente año. En enero se reportaron 264 casos, en febrero 336 y en marzo 286.
Los cuatro distritos de Lima Metropolitana con el mayor número de denuncias fueron Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho.
Le siguen jurisdicciones como Ate (38 casos), Cercado de Lima (37), Los Olivos (29), Pachacámac (25), Carabayllo (21), entre otros. En tanto, en el Callao, fueron 40 denuncias por abuso sexual contra menores.
¿falta de voluntad?
Si bien cuando ocurre uno de estos repudiables hechos, autoridades de diversos sectores salen a alzar su voz en contra de los mismos, una vez que pasan los días, todo parece quedar en el olvido.
Una muestra de ello son los más de 13 proyectos de ley contra violadores de menores que están en el Congreso de la República a la espera de ser revisados y aprobados por nuestros llamados padres de la patria.
Algunas de estas iniciativas permanecen ‘guardadas’ desde 2016 en algunas comisiones del Parlamento como las de Justicia y Derechos Humanos, Constitución y Reglamento y Salud. Las mismas van desde más años de cárcel contra los depravados hasta la castración química y la pena de muerte.
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Para la congresista de Fuerza Popular, Karla Schaefer, quien es autora de un proyecto de ley que propone la pena de muerte para violadores de menores de siete años que causen el fallecimiento de su víctima, no existe una verdadera voluntad política para frenar los delitos de crímenes sexuales contra niños.
"Proponíamos crear una comisión especializada que evalúe cada proyecto. En el caso de la pena de muerte, esta se daría a través de la inyección letal, como ocurre en otros países", manifestó.  La parlamentaria dijo a Perú21: "Yo lamento que no se quiera hacer nada para proteger la dignidad de los niños. He mandado un oficio para saber por qué no se ha discutido el proyecto".
Por su parte, la congresista Maritza García, quien ha planteado la castración química, indicó que su iniciativa se encuentra paralizada, pues, asegura, no se le ha dado la importancia debida, pese a ser un tema de coyuntura.
"Está en las comisiones de Salud y de Justicia desde hace más de dos años y nada. La pena de muerte sé que es difícil de aceptar, pero la castración sirve para bajarles el apetito sexual a personas con patologías mentales. Ellos saliendo de prisión van a seguir siendo un peligro para los niños”, explicó.
Al respecto se ha pronunciado el ministro de Justicia, Salvador Heresi, quien dijo que acabar con la vida de estos sujetos no debería ser una opción. Pero en el caso de la castración química, señaló que esta ley sí podría funcionar.
“No creo en la pena de muerte. La castración química es un tema que se debe evaluar, los estudios criminológicos demuestran que el violador está siempre dispuesto a volver a cometer ese delito, así que se puede mirar con atención esta ley y se podría dar en los casos de los condenados a penas de entre 15 y 20 años de prisión”, sostuvo.
Asimismo, hay propuestas como la creación de un registro público de condenados por delitos de violación sexual de menores. Se detallaría los datos personales del violador: nombre, domicilio, oficio, su perfil genético, entre otros.