Exigen derogación de decreto supremo que dejó de lado inspecciones de Defensa Civil cada 2 años

Advierten que municipalidades no tienen la capacidad de supervisar a todos los locales públicos.

Fecha Actualización

23/08/2019 - 03:59

El incendio en el centro comercial Larcomar de Miraflores —que cobró la vida de cuatro personas— ocasionó que la ciudadanía voltee la mirada hacia los centros comerciales y los locales públicos y cuestione si estos reúnen las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de las personas, sobre todo en esta temporada de fiestas navideñas que se avecina y que suele conglomerar a gran cantidad de personas.

El primero en alzar la voz fue Mario Casaretto, jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima y exjefe de los bomberos, quien alertó que desde 2014 los certificados de inspección técnica que emite Defensa Civil para garantizar la seguridad de un local comercial son indeterminados, es decir que ya no tienen que ser renovados cada dos años, como era antes.

Esta medida se cambió con el decreto supremo 058-2014-PCM firmado por el expresidente Ollanta Humala y la entonces primera ministra Ana Jara. La razón fue una resolución de Indecopi que atendió el reclamo de una cadena de farmacias, la cual se negaba a pagar cada 2 años por este certificado y la consideraba una barrera burocrática.

Con dicho decreto se eliminó el vencimiento de dichos certificados y la fiscalización se convirtió en visitas inopinadas.

"Este decreto otorga a los negocios y locales públicos certificados indeterminados, osea que una vez que obtienen la licencia, nunca más vuelven a ser supervisados. Esa medida puede favorecer la creación de negocios, pero ¿ustedes creen que va a garantizar la seguridad y la integridad física de las personas?", se preguntó Casaretto.

El funcionario municipal indicó que en su momento los inspectores técnicos de seguridad protestaron por la medida y enviaron un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros, advirtiendo que la modificación atentaba contra la seguridad y la vida de las personas y que podría ocasionar hechos lamentables por la falta de seguridad.

"Ha sido un decreto negligente. Las lunas polarizadas, los brevetes, las licencias de armas y otros servicios son todos renovables, entonces el certificado de Defensa Civil que garantiza la seguridad en los locales públicos también debería serlo", aseveró Casaretto, quien a la vez pidió al presidente Pedro Pablo Kuczynski que se derogue el referido decreto.

El comandante César García, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, también opinó en el mismo sentido, pues dijo que las inspecciones que se realizaban cada dos años garantizaban que se sigan cumpliendo las normas de seguridad.

"En cada inspección se realizaban protocolos de pruebas para ver si seguían funcionando los detectores de humo y los aspersores, si el personal estaba capacitado, si las conexiones e instalaciones eran seguras y se revisaban otros elementos. Sin embargo, ahora las supervisiones son un tema ético y cada dueño de local lo hace solo si quiere, pero en el Perú vivimos en tanta informalidad que la mayoría solo cumple para obtener el certificado y ya no pasa otra revisión obligatoria", manifestó.

García dijo que, aunque las municipalidades no han perdido la capacidad de hacer visitas inopinadas para revisar la seguridad, no tiene la capacidad de fiscalizar a todos los locales públicos.

"Un local que hoy pasó la revisión mañana puede poner más carga térmica, le aumenta la capacidad de aforo o hace un almacén y nadie lo supervisa. El que ya no se haga inspecciones periódicas puede aumentar la inseguridad. Si en Larcomar hubiera habido una supervisión de Defensa Civil, probablemente se hubiera garantizado que existieran rociadores de agua y se hubiera evitado la tragedia", aseveró.

Por su parte, Mariana Alegre, coordinadora del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, resaltó que los municipios no tienen la capacidad de vigilar todos los negocios de su jurisdicción y por ello hay mucha informalidad, pero además, muchas diferencias entre la fiscalización que puede hacer una municipalidad de un distrito con más o menos recursos.

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