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Mujeres maltratadas tendrán permiso laboral para denunciar a agresores
Medida está contemplada en dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso. Las ausencias y las tardanzas no podrán exceder de cinco días en un mes y deberán ser justificadas.
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Las mujeres víctimas de violencia gozarán de permisos sin descuento en sus centros laborales cuando deban denunciar o ejercer su defensa de sus agresores ante los centros de Emergencia Mujer, Policía y del Ministerio Público.
Esta medida está contemplada en el proyecto de ley integral contra la violencia de la mujer y el grupo familiar, aprobado en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso.
La norma señala que las mujeres agredidas que acudan a estos lugares deben justificar sus inasistencias. Tanto las ausencias como las tardanzas no podrán exceder los cinco días en un mes o más de 15 días en un período de seis meses.
Además, el proyecto propone la creación de un sistema nacional para la prevención, atención, protección, sanción y rehabilitación de las víctimas de violencia física, psicológica, sexual, económica y laboral.
La legisladora Aurelia Tan, presidenta de la comisión, consideró urgente y necesaria la aprobación del dictamen respectivo, que mejora la Ley 26260, vigente desde hace 20 años, "estableciendo un marco legal integral y los mecanismos para que el Estado ejecute una verdadera revolución *a favor de la mujer y la familia ante el incremento de la violencia*".
VIOLENCIA FÍSICAEn cuanto a la violencia física, se ha incluido el maltrato por negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas, que haya ocasionado daño físico o no, o que podría llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiere para su recuperación.
Además, se extiende el concepto de violencia patrimonial a las conductas abusivas relacionadas con el control, el poder y la privación de recursos que no le permiten a la víctima salir de este círculo o recuperar la autonomía.
Es decir, la disposición o traspaso fraudulento de bienes, la adquisición o simulación de deudas, la destrucción de documentos (DNI, título profesional, títulos de propiedad, pólizas, certificados de depósitos bancarios etc.) y la destrucción o sustracción de instrumentos de trabajo (maquinarias, libros, computadoras, USB, etc.)
Respecto de los agresores, se plantea la rehabilitación de las personas agresoras con la creación de programas multidisciplinarios de tratamiento y resocialización.
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