Población adulta mayor crece en el Perú, pero no se respetan sus derechos

El 46.2% no está afiliado a ningún sistema de pensión y el 16.3% no tiene ningún seguro de salud. Defensoría del Pueblo impulsa la adhesión del Perú a convención interamericana que plantea nuevos derechos, como el sistema integral de cuidados.

Mariella Sausa

Fecha Actualización

23/08/2019 - 13:45

La población de adultos mayores está creciendo en el Perú. En 1950 representaba el 5.7% de los habitantes peruanos, pero en el año 2017 el porcentaje casi se ha duplicado. Actualmente la tasa de adultos mayores alcanza el 10.1% de la población peruana, es decir unos 3’250,000 personas. Pero la proyección es que este segmento poblacional siga creciendo.

Eugenia Fernán Zegarra, adjunta de la Defensoría del Pueblo para la Administración Estatal, señaló que el estado de la población adulta mayor no es el mejor, pues hay una serie de derechos que están siendo vulnerados y la respuesta del Estado a esta situación "no es la óptima".

“La respuesta no está pensada en la atención diferenciada que necesita esta población en razón de su edad, pues, por ejemplo, a través de la Ley de Trato Preferencial (que establece una atención preferente para un grupo poblacional) solo se dispone de una ventanilla que recibe a la vez ancianos, mujeres embarazadas, niños y personas con discapacidad. Entonces, al final, los adultos mayores terminan haciendo largas colas para recibir atención, vulnerando sus derechos”, explicó.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 16.0% de la población de 60 y más años de edad no sabe leer ni escribir, el 46.2% no está afiliado a ningún sistema de pensión y el 16.3% no tiene ningún seguro de salud.

Además, el 82.5% de la población adulta mayor femenina presenta algún problema de salud crónico. En la población masculina, este problema de salud afecta al 71.9%.

Fernán Zegarra indicó, sin embargo, que desde el Estado no se han implementado servicios diferenciados para la mujer adulta mayor. “Solo se piensa en la mujer fértil, nadie está preocupado por los problemas relativos a la menopausia o a la salud sexual de la mujer”, dijo.

Convención Interamericana?

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo está impulsando la adhesión del Perú a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el primer instrumento jurídico específico para este segmento de la población, que plantea nuevos derechos para personas adultas mayores y obliga al Estado a que estos derechos sean respetados y protegidos.

Fernán Zegarra dijo que la convención interamericana ha entrado en vigor desde este año, pero el Perú aún no se ha adherido a ella, como sí lo han hecho otros países, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.

En el Perú, la Cancillería está consultando el tema a 17 instituciones públicas de diferentes sectores que trabajan en el tema de derechos de las personas adultas mayores, para posteriormente elaborar un expediente que pueda ser discutido en el Congreso y ratificado por el Poder Ejecutivo.

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“Este instrumento es importante porque pone al adulto mayor en el centro de las políticas del Estado y plantea, por ejemplo, el derecho a un sistema integral de cuidados. Esto incluye la protección a la salud de esta población a través de servicios sociales que brinden seguridad alimentaria y nutricional y les asegure el tema de vivienda”, manifestó la adjunta de la Defensoría.

Fernán Zegarra precisó que esta protección no solo es para los adultos mayores desprotegidos, sino que también incluye la responsabilidad del Estado de crear servicios de apoyo a las familias, para garantizar que esta población envejezca saludablemente en el seno familiar en lugar de hacerlo en albergues.

“Este apoyo puede darse formando cuidadores en la familia para que aprendan la correcta nutrición del adulto mayor o el desplazamiento de estas personas dentro de la casa", mencionó.

Agregó que también es vital que se promueva la autonomía de estas personas, sin pensar que por su edad no tiene la capacidad de decidir sobre algún tema. "Se debe garantizar que se respete su derecho a decidir sobre sus condiciones de vida”, puntualizó.

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