Sanción contra alcaldes que no cumplan con plan de seguridad ciudadana genera divisiones

Esto fue lo que comentó Óscar Benavides, presidente de la Asociación de Municipalidad del Perú (AMPE) a la agencia Andina:

"Este problema [la inseguridad], sobre todo, se presenta en las municipalidades distritales de provincias por dejadez. Algunos alcaldes creen que no es necesario realizar actividades de seguridad ciudadana porque sus comunas se ubican en zonas alejadas, pero es su obligación proteger a sus vecinos".

Con esas palabras, Benavides, también alcalde del distrito limeño de Ate, saludó la aprobación de una normativa que sanciona con 30 días de suspensión a gobernadores regionales y alcaldes que incumplan con sus obligaciones en seguridad ciudadana. Por su parte, el alcalde de Ancón, Felipe Arakaki, recordó que existen sanciones para los alcaldes que incumplen con crear su consejo de seguridad ciudadana como, por ejemplo, la posibilidad de que el Ministerio Público denuncie penalmente a la autoridad por incumplimiento de funciones.

Inclusive, precisó, si los alcaldes provinciales y distritales no cumplen sus metas en seguridad ciudadana, no reciben la partida presupuestal correspondiente al año siguiente:

"Es lamentable la aplicación de sanciones, porque es nuestra obligación velar por la seguridad de nuestros vecinos. Suspender por 30 días a un alcalde es una medida que se suma a otras sanciones ya existentes. Lo que necesitamos es que aumenten nuestros presupuestos". En cambio, para Manuel Velarde, alcalde de San Isidro, los decretos legislativos dictados recientemente no contribuyen a fortalecer la seguridad ciudadana.

Por un lado, sostuvo, es mejor incentivar la gestión edil, en vez de castigarla, y por otro, no es bueno seguir autorizando el uso de lunas polarizadas en los vehículos.

"Una manera de alinear los intereses de las autoridades municipales es incentivando con recursos humanos o financieros, las políticas públicas. La gente responde mejor al incentivo que al castigo", afirmó.