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Hermano de colombiano secuestrado se opone a rescate militar
Manuel Batista alega que estos operativos casi nunca salen bien y mueren los rehenes.
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El hermano de un colombiano secuestrado por subversivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) –junto con otras cuatro personas incluyendo dos peruanos y un canadiense– pidió hoy al Gobierno descartar cualquier posible operativo de rescate porque casi nunca salen bien y mueren los rehenes.
"El rescate es posibilidad de muerte. Los rehenes son la posibilidad de salvación de ellos" los secuestradores, dijo Manuel Batista, hermano de William Batista, uno de los cinco secuestrados el 18 de enero en una zona del norte colombiano.
"Ningún rescate históricamente ha terminado bien, salvo algunas excepciones", agregó Batista en entrevista telefónica con la agencia AP.
En un rescate "nada es cierto, nada es seguro y nosotros queremos seguridad… no es un acto responsable que genere garantías de seguridad y ¿cuál es la garantía de seguridad? Que ellos regresen con vida", añadió el hermano de Batista, un ingeniero metalúrgico de 51 años.
El régimen del presidente Juan Manuel Santos no ha mencionado específicamente un posible rescate pero sí que mantiene un despliegue de tropas militares y agentes policiales en la zona del secuestro en búsqueda de los retenidos, una presión que también inquieta al hermano de Batista.
William Batista, el también colombiano Alexis López, los peruanos Javier Leandro Ochoa y José Antonio Mamani y el canadiense Gernot Wober son los cinco secuestrados, según informó la Policía Antisecuestro colombiana.
El canadiense Wober es vicepresidente de exploración de la empresa Braeval Mining Corp., con sede en Toronto.
Batista dijo desconocer exactamente cuánto tiempo tenía su hermano trabajando para la empresa canadiense, aunque aseguró que eran pocos años. Agregó que su hermano, casado y con tres hijos, hace varios años estuvo secuestrado junto con otro compañero de trabajo de otra compañía en la que laboraba.
Aquella retención se extendió dos semanas también en el norte del país y fue adjudicada por las autoridades a una fracción disidente, ya desaparecida, de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Batista dijo que no hubo pago por aquella liberación.
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