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Odebrecht se acoge a plan de recuperación ante justicia de Estados Unidos
Odebrecht solicitó acogerse al capítulo 15 de la ley de bancarrota en Estados Unidos, tras declararse en quiebra en Brasil en junio pasado, según mencionó EFE Dow Jones
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La constructora Odebrecht solicitó el pasado lunes acogerse al capítulo 15 de la ley de bancarrota en Estados Unidos y presentó un plan de recuperación judicial, tal y como lo hizo en Brasil.
La agencia EFE informó que el grupo de construcción presentó la solicitud de protección por bancarrota en Nueva York, en la que sería la mayor quiebra de una compañía en Latinoamérica.
Sin embargo, desde la compañía indicaron a Perú21 que lo presentado fue una extensión de la protección otorgada por la recuperación judicial que ya inició en el Estado brasileño.
"El Plan busca permitir la generación de riqueza a corto, mediano y largo plazos, sobre todo por medio de la venta de activos estratégicos y de la recuperación de los Negocios del Grupo Odebrecht (“Grupo”). La propuesta enviada por Odebrecht a la Justicia les confiere a los acreedores títulos de pago con base en los resultados futuros de las empresas del Grupo. Entonces, cuanto mejor sean los resultados y el flujo de caja, mayor será el volumen de recursos destinados a los acreedores", se lee en el comunicado de la firma.
La empresa debe reestructurar alrededor de 22.490 millones de euros de deuda (25.000 millones de dólares).
Si el procedimiento brasileño es reconocido en el tribunal de Nueva York, Odebrecht podría disfrutar de los beneficios de las leyes de bancarrota de Estados Unidos, como la protección contra la incautación de activos en el país.
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El pasado mes de junio el grupo se declaró en bancarrota en Brasil después de verse implicado en una investigación por corrupción en la que la compañía admitió haber pagado alrededor de 719 millones de euros (800 millones de dólares) en sobornos para conseguir contratos durante 2016.
En diciembre de ese año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht había pagado 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales en doce países: Argentina, Brasil, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y Angola.
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