¿Qué ha pasado entre Venezuela, Estados Unidos y la UNASUR?

El lunes 9 de marzo de 2015, el gobierno de Estados Unidos emitió una Orden Ejecutiva que declaraba a Venezuela como "amenaza para la seguridad nacional y la política exterior" norteamericana.

La orden impone sanciones a funcionarios venezolanos acusados de participar en la erosión de derechos humanos, persecución de opositores, detenciones arbitrarias, restricción de la libertad de prensa, entre otros abusos que el gobierno venezolano habría cometido. La medida congela sus bienes y les prohíbe el ingreso a territorio estadounidense.

El martes 17 de marzo, a través de un anuncio publicado en el diario The New York Times, Venezuela rechazó la orden y consideró que era un intento del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, "de gobernar por decreto a los venezolanos". Nicolás Maduro, en su carta abierta, demandaba su inmediata derogación. "Es una orden tiránica e imperialista y nos devuelve a los días más oscuros de la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica y el Caribe", señala el texto.

["Venezuela no es una amenaza", la carta abierta de Nicolás Maduro a Obama]

Al rechazo del gobierno venezolano se sumó también la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que señaló que la Orden Ejecutiva de Estados Unidos era una "amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados". En la misma línea, el canciller peruano Gonzalo Gutiérrez, consideró que la orden fue exagerada y "elevará aún más la tensión en las relaciones".

Ayer, 19 de marzo, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denunció ante la OEA que las sanciones de este tipo "suelen preceder a intervenciones militares". Ante lo cual, descartando cualquier tipo de acción bélica, el representante estadounidense ante la OEA, Michael Fitzpatrick, señaló que "no hay un componente extraterritorial de las sanciones, son legislación doméstica" (sic).

SANCIONESUna Orden Ejecutiva se asemeja a un Decreto Supremo en la legislación peruana. En otras palabras, es una declaración del Presidente (no interviene el parlamento) que tiene rango de ley. A través de ella, el Presidente norteamericano impuso sanciones a funcionarios venezolanos bajo el supuesto de que habrían participado en la violación de derechos humanos por parte del gobierno del país llanero.

Los efectos jurídicos son concretos: la primera sanción prohíbe el ingreso de estas personas a Estados Unidos. Es parte de la facultad que tiene todo estado de decidir quién ingresa y quién no a su territorio. Basta usar el ejemplo del visado. Muchas personas postulan a obtener una visa y no todas la consiguen, lo cual no implica que se les imponga algún tipo de pena. La segunda sanción supone congelar las propiedades que estas personas tienen en EE.UU. No es una expropiación, solo impide que sean transferidos, retirados o exportados. Según explica el abogado experto en Derecho Internacional, Francisco Tudela, es una prerrogativa reconocida por una ley específica, la llamada "Patriot Act".

De acuerdo con el internacionalista Oscar Vidarte, estas sanciones más que generar un efecto jurídico, generan uno político. "Es parte de una escalada. Mañana podría venir otro tipo de sanciones contra más funcionarios o comerciales, como sucedió en el caso de Rusia", señala.

Vidarte cuestiona que los países impongan sanciones de manera unilateral con el fin de presionar y generar cambios internos en otros países, incluso respecto a su tipo de régimen.

Según Vidarte, la decisión de Estados Unidos es preocupante porque produce efectos contrarios a los deseados para Venezuela. Es decir, el gobierno venezolano puede utilizarla como justificación para implementar nuevas medidas represivas, generar unidad al crear un enemigo común externo y, finalmente, fragmentar a la oposición. "La realidad venezolana requiere más espacios de diálogo que enfrentamientos", señala.

SOBERANÍA Y NO INTERVENCIÓNEl deber de un Estado de no intervenir en asuntos internos de otro es conocido como "principio de no intervención". Es una de las reglas principales del Derecho Internacional que expresa el respeto a la soberanía de otros estados.

Según la Carta de la Organización de Naciones Unidas, esta no puede intervenir en la jurisdicción interna de los estados miembros. Pese a ello, la regla admite excepciones.

Tudela señala que el único caso en que un estado puede ser intervenido es si viola los principios comprendidos en la Carta de la ONU. Esta solo puede intervenir si considera que las acciones que comete un estado implican una amenaza a la paz o a la seguridad internacional. De ser así, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puede intervenir para prevenir o eliminar la amenaza, incluso haciendo uso de la fuerza.

Los actos de intervención solo se realizan contra estados, no contra personas, empresas u otras entidades. Por eso, Francisco Tudela considera que en este caso no existen actos de intervención, pues se dirigen a personas con nombre y apellido. En sus palabras, "son prohibiciones para los EEUU que no afectan ni al Estado, ni al territorio ni al gobierno de Venezuela. No se aplican en territorio venezolano".

Desde una perspectiva política, Óscar Vidarte considera que Estados Unidos podía utilizar otros mecanismos antes que cualquier tipo de acción unilateral. Asegura que decretos como el emitido por el presidente Obama magnifican el problema, por lo que debió conversarlo antes en la OEA, donde Estados Unidos tiene un papel importante, o, en todo caso, aprovechar espacios regionales para comenzar su actividad diplomática con países que tienen enfrentamientos con Venezuela. Además, señala que si efectivamente quería presionar al gobierno venezolano, podía hacerlo de otra manera, dejándole de comprar petróleo, por ejemplo.

PODERES ESPECIALESEn respuesta a este decreto, el domingo 15 de marzo, la Asamblea Nacional (el parlamento) otorgó al Presidente Nicolás Maduro poderes especiales a través de una "ley habilitante" que le permite gobernar hasta fin de año mediante decretos legislativos sin control parlamentario. Maduro justificó la necesidad de la ley para moverse "en el complejo escenario que se ha abierto para Venezuela". Según Tudela, esta acción "es propia de una dictadura recubierta de formulismos legales".

Esta no es la primera vez que Maduro recurre a una "ley habilitante". En 2013, fue utilizada, según indicó el presidente venezolano, para combatir la corrupción y enfrentarse a la "guerra económica" contra la oposición y el empresariado "parasitario".