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¿Por qué una Constitución heredada por la dictadura divide a Chile?
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Al grito de “Viva Chile” y “Viva la libertad” y entonando el himno nacional, una avenida del acomodado barrio de Las Condes, en Santiago de Chile, se llenó de banderas chilenas y de pancartas con lemas como “Rechazo pagar dos Congresos” o “Hagámosla corta”.
Más de 14.5 millones de chilenos están llamados el 25 de este mes a decidir si se reescribe o no la Constitución, redactada en la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), pero reformada posteriormente decenas de veces. En las urnas también se decidirá quién estaría a cargo de redactar una nueva Carta Magna en caso de que gane el sí.
“Reformar la Constitución es mucho más fácil y más barato que escribir una nueva. Los problemas de Chile no pasan directamente por la Constitución, sino por las leyes”, dijo a Efe el universitario Esteban Ibañez.
La Constitución es vista por una parte de la sociedad como el origen de las desigualdades del país, por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos, y su derogación fue una de las proclamas en las protestas que sacudieron a Chile hace un año, las más graves desde la dictadura, con una treintena de muertos y miles de heridos.
“Nos quieren imponer un Estado más grande, totalitario y nosotros creemos en la propiedad individual, en la libertad y en todas las ideas que llevan al progreso. Las ideas del subdesarrollo son las que están detrás (de la opción) del apruebo”, indicó a Efe Alejandro López, de 19 años.
El 18 de octubre de 2019, cuatro días después del inicio de las manifestaciones estudiantiles, un estallido social remeció al país sudamericano. Los violentos disturbios que causaron extensos daños en las estaciones del metro y en supermercados fueron seguidos de masivas protestas que lograron algunas mejoras económicas para los más vulnerables y un amplio acuerdo político que convocó al plebiscito constitucional.
¿Cómo es la Constitución vigente?
La Constitución vigente instauró un modelo económico, político y social neoliberal que abrió paso a una educación y salud privada --para los que podían pagarlas-- y un sistema de pensiones basado en el ahorro individual que el año pasado entregaba pensiones de 110.000 pesos (140 dólares) a los más pobres. Tras el estallido social, éstas fueron reajustadas en un 50% por el gobierno centroderechista de Sebastián Piñera.
Durante el Gobierno del expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), tuvo lugar una gran reforma constitucional que permitió, entre cosas, la democratización de la elección de senadores y la subordinación total del Ejército al Gobierno.
El plebiscito, que iba a celebrarse en abril pero fue aplazado por el coronavirus y es el más importante desde el que decidió el fin de Pinochet en 1988, planteará otra pregunta: si el órgano encargado de redactar el nuevo texto debe ser una asamblea formada solo por ciudadanos electos o integrada también por diputados.
De aprobarse, la elección de los constituyentes se realizará en abril y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.
“El estallido social puso en cuestionamiento una estabilidad que además era parte de un slogan país, como la tesis de que Chile era la excepcionalidad de la región latinoamericana”, dijo a AP Carla Rivera, profesora de historia de la Universidad de Santiago. Agregó que “teníamos un país de cartón, con una clase media que era ficticia, que se construyó y se mantuvo a flote a partir de una tasa de endeudamiento que prácticamente equivale al 70% del ingreso de una familia”.
Hasta el momento, los mecanismos que permiten la existencia de sistemas de salud y educación para ricos y otros para pobres siguen intactos.
Hace un año, centenares de miles de chilenos se lanzaron a las calles de todo el país para pedir mejoras en salud, educación, pensiones y salarios entre muchas otras. Las protestas declinaron en masividad en noviembre y se transformaron en una manifestación todos los viernes en una céntrica plaza de Santiago que inevitablemente concluía con actos vandálicos protagonizados por encapuchados.
La llegada de la pandemia en marzo acalló las protestas que se reanudaron, sin masividad, hace un par de semanas.
Las marchas fueron violentamente reprimidas por la policía, que hizo un uso excesivo de la fuerza dejando 3.823 heridos. De ellos, 460 sufrieron lesiones oculares y dos quedaron ciegos, señaló el viernes Sergio Micco, director del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los abusos también fueron denunciados por organizaciones internacionales.
La policía anunció que el próximo domingo 40,000 de sus 60,000 funcionarios saldrán a las calles chilenas para evitar desórdenes graves.
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