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Agua y desarrollo
“Quienes no tienen acceso a agua por red pública pagan hasta diez veces más que quienes viven en una zona residencial”.
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El Gobierno peruano ha anunciado que destinará S/4,000 millones de soles en proyectos de agua y saneamiento durante este año. El objetivo es lograr que el 100% de la población urbana y el 85% de la rural estén atendidos.
El agua es el recurso más escaso del mundo y es considerada por el Banco Mundial como una prioridad para lograr acabar con la pobreza para 2030. El Objetivo para el Desarrollo Sostenible número 6 busca garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos. Sin embargo, en Perú, 10 millones 360 mil personas aún no tienen acceso a agua potable.
La falta de acceso a agua potable y servicios de saneamiento es uno de los principales factores que contribuyen al retraso del crecimiento de los niños. La desnutrición y la anemia tienen un impacto negativo en el desarrollo cerebral de los niños.
En nuestro país, 6 millones 249 mil peruanos utilizan una letrina o pozo séptico. Mientras que 2 millones 838 mil no cuentan con ningún tipo de servicio de saneamiento. Quienes no tienen acceso a agua por red pública pagan hasta 10 veces más que quienes viven en una zona residencial. Una persona en San Isidro consume 24 veces más agua al día que un habitante de las zonas populares.
El Perú tiene la mayor disponibilidad de agua per cápita de Latinoamérica y, sin embargo, no hemos logrado que todos los peruanos tengan acceso a ella. Porque no hemos priorizado las inversiones necesarias. De acuerdo con un estudio de la Universidad del Pacífico, se necesita invertir más de 12 mil millones de dólares hasta 2021 para lograr cerrar la brecha de infraestructura existente. La decisión del Gobierno de invertir 4 mil millones es un primer paso. Sin embargo, la disponibilidad de los recursos no es suficiente. El Perú enfrenta limitada capacidad de gestión pública en todos sus niveles de gobierno, que incluye debilidades en los procesos de planeamiento, presupuesto, inversión y compras públicas, así como en la gestión de los recursos humanos y monitoreo del gasto público. ¿Cómo podemos asegurar una correcta priorización de proyectos?
En el pasado, nuestros gobernantes prefirieron realizar inversiones plagadas de corrupción que beneficiaban exclusivamente a las empresas ganadoras en desmedro del Estado y de los ciudadanos. ¿Quién nos asegura que no ocurrirá lo mismo? La transparencia en la priorización, adjudicación y gestión de los proyectos es absolutamente necesaria.
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