El pasado jueves 15 de agosto, Arturo Cárdenas, el secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, fue asesinado por un sicario al salir de una reunión. Como si esto no fuera suficiente, al día siguiente, durante una conferencia de prensa en la que trabajadores y empresarios expresaban su indignación, se conoció que otro líder sindical, Américo Román Camilo Gonzales Palomino, fue asesinado en San Juan de Miraflores de manera similar.
Ya son 24 los líderes sindicales del sector de construcción civil asesinados en los últimos trece años, cuatro de ellos en lo que va de 2024.
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Lo que resulta alarmante de estos incidentes es el crecimiento de las industrias ilegales en el país. Ya no se trata de eventos aislados en lugares remotos; ahora esta violencia se está acercando cada vez más a las ciudades y manifestándose de manera aún más brutal.
Estos asesinatos ocurren en un contexto de disputa entre organizaciones criminales por el control de los sindicatos formales para extorsionar a los trabajadores cobrando un porcentaje de sus ingresos. En muchos casos, estos cupos permiten colocar “trabajadores fantasmas”, que en realidad son criminales asegurados con un salario. Además, los malhechores brindan “vigilancia” a las construcciones a cambio de sumas de dinero.
Cabe resaltar que, desde diciembre del año pasado, trabajadores y empleadores hemos presentado propuestas al Ejecutivo para combatir la criminalidad. Por ello, aprovechamos este espacio para reiterar nuestro pedido de que se tomen medidas drásticas contra estos actos que buscan sembrar el terror. En este sentido, solicitamos que el MTPE cuente con registros claros de los sindicatos y con requisitos transparentes para sus miembros, lo que ayudaría a prevenir la formación de falsas instituciones o sindicatos infiltrados por criminales.
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Asimismo, es imperativo reforzar las labores de inteligencia para combatir el terrorismo urbano. Aunque el Grupo Grecco ha realizado un trabajo importante, sin el presupuesto adecuado y una firme decisión política, sus esfuerzos se verán debilitados. ¿Acaso hemos olvidado cómo operaba el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en condiciones precarias, sin presupuesto ni equipamiento?
Por último, el Ejecutivo debe considerar destinar un porcentaje de la capacidad de las Fuerzas Armadas al patrullaje disuasivo en las zonas críticas. Además, es necesario aprovechar los cuarteles abandonados y los terrenos que no se utilizan, para construir centros de flagrancia o penales.
Lo que está pasando en el Perú no son hechos aislados; son problemas grandes que se presentan con creciente frecuencia. Si el Ejecutivo no toma las acciones correctas, corremos el riesgo de que esta espiral de violencia se intensifique aún más.
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