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“Todas las altas autoridades del país están obligadas a rendir cuentas y ser transparentes no solo con su conducta, sino con sus contrataciones y gastos, pues son los dineros públicos los que están en juego”.

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Una nueva denuncia pone en aprietos al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y, de paso, al Gobierno en su conjunto. Para nadie es un secreto que el premier es el hombre fuerte del Ejecutivo y quien ha dado la cara en los momentos de mayor apremio.
Según los reportes periodísticos, Otárola, sin embargo, no solo habría beneficiado a dos allegadas suyas con puestos de trabajo en entidades públicas –como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Devida– sino que además habría intervenido para ofrecerle a una de ellas un empleo en la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), que se encuentra bajo su mando.
Esa ‘ayudadita’ se desprende del revelador correo de la propia institución, difundido el domingo último en Panorama. Un intercambio de comunicaciones en el que al parecer además incluyeron una visita a domicilio, nada menos. Pero lejos de allanarse a dar explicaciones amplias ante la prensa, que es lo que correspondía, Otárola prefirió ayer echarle la culpa a la Fiscalía por filtrar información reservada. “Me llama poderosamente la atención que investigaciones de carácter reservado sean repartidas a algunos medios de comunicación por algún fiscal cuya sanción exijo, pues la investigación debe ser reservada”, alegó.
Una reacción asaz extraña, viniendo de alguien de su investidura. Todas las altas autoridades del país están obligadas a rendir cuentas y ser transparentes no solo con su conducta, sino con sus contrataciones y gastos, pues son los dineros públicos los que están en juego. En última instancia, no hay nada reservado. Que un funcionario del Estado se niegue a hablar sobre hechos presuntamente dolosos que lo comprometen es inaceptable.
Recordemos que, en septiembre último, la Fiscalía llevó a cabo una intervención en la sede de la PCM para recabar información, justamente, sobre los contratos en favor de estas u otras amistades del susodicho.
Y si a ello agregamos que Otárola ya es investigado por su presunta responsabilidad en las muertes registradas en las protestas de diciembre y enero últimos, puede decirse que la situación del jefe del gabinete de ministros se agrava día a día, conforme continúa sin dar explicaciones meridianamente convincentes.
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