Nuestro patrimonio arqueológico siempre ha captado la atención de turistas de todo el mundo. El problema es que también despierta la codicia de traficantes de terrenos que buscan tomar posesión de tierras en zonas intangibles como Choquequirao, donde se dice que ya vendieron indebidamente más de 200 lotes, o Sacsayhuamán, donde hace días hubo un plantón que mantuvo cerrada la explanada.
Lamentablemente, no son incidentes aislados. Lugares emblemáticos como Kuélap, Chan Chan y Caral han estado —o están— en la mira de mafias de terrenos. Los sitios arqueológicos les resultan apetecibles porque el territorio alrededor está “vacío” y, al haber flujo de turistas, ven un alto potencial comercial. ¡Obviamente, las zonas aledañas están libres, son áreas protegidas! Y lo están por una razón: salvaguardar un patrimonio que es de todos los peruanos. Si esto no se respeta y se empieza a lotizar y construir indiscriminadamente, nuestros atractivos turísticos quedarán sumidos en el caos: terminarán tugurizados, lo que traería un declive irreversible en el número de visitantes a lo largo del tiempo.
El interés de unos cuantos grupos que no respetan la legalidad no puede anteponerse al bien común, menos cuando lo que está en juego es la conservación de vestigios invaluables que han resistido por cientos y miles de años. ¿Vamos a perder nuestro legado por el oportunismo de unos inescrupulosos?
En los últimos años, el país ha sido testigo del preocupante avance de la informalidad, muchas veces ante la vista y paciencia de las autoridades. Llegó el momento de decir basta. Nadie se opone a los derechos de las comunidades ni de los pueblos originarios, pero las zonas protegidas lo son por una razón mayor, de Estado. Y se tiene que hacer valer la ley.
¿Qué señal estamos dando si ni siquiera hacemos respetar Caral con sus 5,000 años de antigüedad?, ¿o Choquequirao, nuestro segundo Machu Picchu?, ¿o la majestuosa Sacsayhuamán? Haciendo un paralelo, ¿se imaginan al Gobierno egipcio permitiendo que se vendan terrenos alrededor de las pirámides?, ¿o que construyan un edificio frente a la pirámide de Giza? ¡Jamás de los jamases!
Permitir que se amenacen y degraden nuestros más preciados sitios arqueológicos es un crimen. Así de simple. Un atentado contra las comunidades de cada uno de estos lugares, que son las primeras beneficiadas con el turismo; contra el sector turístico, que genera empleos, divisas y desarrollo, y contra las futuras generaciones de peruanos, porque también es su herencia.
