Contra la Sunedu, de nuevo

La interpelación al ministro de Educación, Martín Benavides, es un nuevo capítulo de la arremetida contra la reforma universitaria. Periódicamente, esta reforma, una de las políticas públicas más acertadas y exitosas de la década, debe sortear boicots liderados por los operadores del lucrativo negocio de la educación superior, quienes utilizan cualquier pretexto para interpelar e incomodar innecesariamente. Si no hay una razón creíble, la inventan, siempre con el único objetivo de deslegitimizar a la Sunedu y tumbarse la reforma.

Tal como pasó con Jaime Saavedra y con Marilú Martens, en esta oportunidad congresistas vinculados a universidades que no han logrado licenciarse o con dueños que las utilizan como plataformas electorales, están poniendo su poder político a disposición de esos negocios particulares. Dicen que les preocupa la gestión educativa durante la pandemia, pero revisando el pliego interpelatorio con el que pretenden sentar en el banquillo al ministro Benavides, todas las 33 preguntas están centradas en la Sunedu y el proceso de licenciamiento de universidades. No hay ninguna pregunta vinculada a la gestión de Benavides como ministro o a las tablets. Ni siquiera han hecho el intento de aparentar: es evidente que esta interpelación es un nuevo ataque a la reforma universitaria.

No me sorprendería que este Congreso, vehemente por la atención que la pandemia les quitó, censure al ministro Benavides. Como ya estamos dentro del último año de gobierno, la amenaza de una disolución congresal no existe, así que el gobierno tiene que ser categórico en la defensa de la reforma y su ministro, señalando sin miedo a quienes utilizan su poder político para cuidar sus finanzas personales a costa de la educación del país. Aquí, Acuña de APP y Diez Canseco de AP, ambos posibles candidatos presidenciales, tienen una buena oportunidad para demostrar de qué lado están.