Que decidan los electores, no un juez

Quien haya leído algunas de mis columnas en este diario sabrá que no hay nada que me relacione al pensamiento fujimorista. Estoy en las antípodas de las Chávez, Betetas y Chacones. No guardo simpatía por los Becerril y los Tubino. Yo mismo he sufrido sus difamaciones, así que conozco la capacidad del fujimorismo para reptar por lo más bajo de la política nacional. Aún así, creo que ningún partido, incluido Fuerza Popular, debería ser expulsado del sistema electoral mediante una orden judicial por delitos cometidos por algunos militantes, menos sin sentencia.

Que un fiscal o un juez de investigación preparatoria use su poder para suspender a un partido es un riesgo monumental. Ahora es Fuerza Popular, pero luego podría ser cualquier otro. Cuando entramos al terreno de vincular las acciones de una cúpula partidaria con todo el partido, y abrimos la puerta a una suspensión bajo esta lógica, se hace cada vez más difícil argumentar que otros partidos con procesos y denuncias no puedan correr la misma suerte. Se sienta el precedente para judicializar aún más la política y, en un posible futuro en que la justicia esté nuevamente capturada, se hostigue a opositores como justamente hizo el fujimorismo cuando fue gobierno.

Antes que pensar en proscribir, lo que corresponde es perseguir a los delincuentes dentro de los partidos, no prohibir al partido mismo, en el que también hay jóvenes y militantes que no han sido parte de los juegos turbios. No es lo mismo que haya una organización criminal dentro de un partido a que un partido sea una organización criminal. Además, desde una perspectiva práctica, ante una suspensión, su gente se terminaría reciclando en otros movimientos electorales.

Fuerza Popular debería participar en las siguientes elecciones, donde espero sea derrotado en las urnas y expulsado del sistema político por voto popular. Esa decisión no debería estar en manos de un juez.