Bambas: La solución está enterrada

Durante los últimos años de la casa de Habsburgo en el trono de la Corona española, se expidieron dos grupos de leyes –las Leyes de Burgos y las Nuevas Leyes– que pasarían a ser conocidas como las Leyes Indias. En el libro cuarto de este compendio legislativo, la monarquía buscó regular normas de reparto de tierras, obras públicas y minerías. Siguiendo con una lógica de explotación colonialista y netamente concebida para favorecer a la Metrópoli, se estipuló que toda la riqueza que se halle en el subsuelo le pertenecería, por derecho divino, a la Corona española. La ley se aplicó con rigor hasta la Independencia.

Una vez que el Perú hubo nacido como república, nuestros primeros constituyentes buscaron una forma de darles un marco jurídico a las relaciones sociales que, desde ese momento, dependerían únicamente del recién nacido gobierno independiente. Como parte de ese esfuerzo, se buscó marcar distancia de todas las viejas instituciones coloniales para reemplazarlas con leyes republicanas; sin embargo, no toda la resaca de 300 años de conquista pudo ser extirpada: el sistema de propiedad de la riqueza en el subsuelo se limitó a reemplazar la palabra “Corona”, por la palabra “Estado”. Todo sería de todos.

La cuestión está en que esta concepción estructuralmente extractivista se mantuvo en nuestro marco legal. Y, de hecho, se mantiene hasta el día de hoy. Venimos utilizando este sistema donde el Estado es una pieza fundamental que funge de bisagra entre los empresarios mineros y los comuneros que suelen habitar en los terrenos bajo los cuales se encuentran nuestros recursos mineros e hidrocarbúricos y podemos afirmar –la Historia avala– que las regiones más ricas del Perú albergan a los peruanos más pobres del país. Hay, pues, algo que no está funcionando correctamente: los pobres siguen siendo pobres.

Si remontamos al origen que le da estribo al actual sistema de asignación de titularidades sobre la riqueza del subsuelo, nos encontraremos con que el Estado ha sido el peor gestor y, en buena cuenta, el culpable de la conflictividad que alrededor de los grandes proyectos mineros se desata: entregan concesiones y compensan a las comunidades con cánones y regalías que acaban en manos de la burocracia regional y en el agujero negro que la tragedia de los comunes y la corrupción bajo la que impera representan: la riqueza es de todos los peruanos. El problema es que lo que es de todos es de nadie.

¿Qué pasaría si entregamos la propiedad del subsuelo a los dueños del suelo de cada región rica en recursos? Que el Estado regule los parámetros medioambientales y cobre impuestos. Dejemos atrás esa idea paternalista que dicta que las comunidades no pueden solas. ¿Quieren sus tierras? Que se las compren directamente. Y que hagan ricos a los pobres.