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Fecha Actualización

24/08/2019 - 02:01

La semana pasada, el gobierno tomó una medida acertada al extender el plazo para solicitudes de permanencia temporal de venezolanos, lo que permite que vivan y trabajen legalmente en Perú. La norma contempla restricciones para inmigrantes con antecedentes penales o judiciales y autoriza que se acojan los venezolanos que ingresen al país hasta el 31 de diciembre de 2018. Según Migraciones, ya son más de 100,000 venezolanos en Perú, de los cuales la gran mayoría ha llegado en los últimos dos años.

Migrar es una experiencia complicada y cuando se hace para escapar de la persecución o la pobreza, la dificultad es mucho mayor. Las historias de mis abuelos que fueron acogidos en el Perú me lo recuerdan con particular sensibilidad.

Es así que las actitudes discriminatorias y xenófobas de algunas empresas y miles de peruanos, con expresiones que recuerdan a Alemania de 1938, contrastan con valores fundamentales de libertad y solidaridad que corresponden en democracia.

El Perú no solo debe reciprocidad por las decenas de miles de compatriotas que emigraron a Venezuela en las décadas de 1970, 1980 y 1990 (en 2012 Chávez y Humala suscribieron un acuerdo para regularizar la situación migratoria de 90,000 peruanos en Venezuela), sino también por el compromiso que los Estados democráticos deben tener para acoger a las personas víctimas de los regímenes dictatoriales.

Venezuela vive una dictadura que reprime violentamente y pasa por una profunda crisis económica desde hace años. Su hiperinflación de 2017 fue similar a la peruana de 1989 en un contexto de alimentos y medicinas escasos para millones de venezolanos que tienen, en sus familiares que trabajan en el extranjero, la oportunidad de recibir algunas remesas de dinero que les permitan subsistir.

Ojalá pronto los destinatarios de las remesas y sus familiares dispersos por el mundo celebren el retorno de la democracia y la superación de la dramática crisis.

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