Un blindaje más sí importa

El Poder Judicial recordó hace unos días que el congresista de APP Edwin Donayre tiene una sentencia de más de cinco años que debe cumplir. Él se apropió ilícitamente del combustible asignado al Ejército cuando era comandante general, nada menos. Sin embargo, el legislador ha sido protegido por la mayoría en el Congreso que sigue haciendo méritos para caer en el descrédito.

La excusa de Donayre para no cumplir la pena impuesta por la justicia –y ampararse en su inmunidad parlamentaria– es que la condena, que fue emitida en agosto pasado, no ha sido confirmada en segunda instancia. Un argumento burdo y falso que ha sido desbaratado por la Corte Suprema, que ha enviado un oficio al despacho del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, aclarando: “La sentencia condenatoria al congresista Donayre no tiene efecto suspendido; es decir, no requiere segunda instancia para su ejecución”.

El Parlamento ha dilatado durante meses la ejecución de esta sentencia y ha blindado a Donayre. A la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria no le entran balas y recién ha programado debatir la situación de Donayre el próximo lunes 3 de diciembre. Y lo ha hecho luego de que el Poder Judicial publicara un tuit insistiendo en la sentencia.

Fuerza Popular hace de hada madrina y Donayre vota con la bankada. Pero en el colmo, su partido, APP, le asignó la presidencia de la Comisión de Salud. Ayer, el vocero de su grupo parlamentario, César Vásquez, ignorando los argumentos de la Corte Suprema, dijo que desde su bancada esperarán lo que se decida en segunda instancia. “Dejamos en claro que no tenemos un espíritu de blindaje”, se atrevió a añadir.

Por supuesto, Edwin Donayre aprovecha el blindaje de sus pares para decir –sin tapujos– que “será el Congreso el que determine” si irá o no a prisión. ¿O sea que lo dispuesto por la justicia es letra muerta? ¿Será posible que los congresistas continúen de espaldas al país?

El precedente lo sentó el caso de Benicio Ríos, también de APP. El Congreso demoró en disponer el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ríos. Él tenía una condena por delitos cometidos antes de ser elegido parlamentario y alegó una inexistente y absurda figura de “levantamiento de inmunidad de arresto”. Esperemos que la historia no se repita con Donayre, el congresista debe pagar por sus delitos.