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Calles peligrosas
“Urge convocar a un equipo de expertos civiles y policiales, nacionales y extranjeros, para detener una ola que ya amenaza con devorar a la sociedad peruana y a sus instituciones”.
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Cada día que pasa aumenta entre la ciudadanía la sensación de que el Estado está perdiendo la batalla contra la delincuencia y de que las principales ciudades del país están cayendo en manos del crimen organizado.
El sereno asesinado en Surco por el ‘Maldito Cris’, balaceras en Ate que dejan muertos y heridos cada semana, dos hermanos asesinados en Villa María del Triunfo como producto de un ajuste de cuentas, un paradero de mototaxis en San Juan de Lurigancho atacado por delincuentes con un saldo de dos choferes fallecidos con múltiples heridas de bala… son solo algunos de los hechos de sangre protagonizados por sicarios y bandas criminales durante las últimas semanas.
La mayoría, resultado de luchas territoriales entre malhechores de toda laya, así como por actividades de extorsión y cobro de cupos. Bandas muy bien equipadas y organizadas, sin ningún reparo para cegar la vida de sus víctimas si se resisten a entrar en su juego o vivir bajo las reglas que estas imponen, a golpe de armas automáticas.
Como el Gobierno parece todavía atenazado entre las demandas planteadas por la emergencia climática en el norte y las protestas en el sur del país, amén de las denuncias sobre connotados miembros de su escalafón de funcionarios públicos, incluyendo asesores palaciegos y ministros de Estado, no pocos burgomaestres locales han decidido tomar la iniciativa.
Lo de Carlos Bruce con el tema de los limpiaparabrisas es lo que más ha impactado, tanto que la medida se replicó de inmediato en una serie de distritos limeños, con determinadas variantes y añadidos a la reglamentación original.
Respecto al sicariato y la delincuencia, en cambio, se ha estado hablando hasta de sacar el Ejército a patrullar las calles en las zonas más comprometidas –al estilo AMLO en México, sin resultados efectivos– o armando al Serenazgo, total o parcialmente, según el parecer de cada alcalde. Lo que sí está claro es que cada zona de Lima representa un desafío distinto, pues hablamos de realidades sociales contrapuestas en términos de economía y de cultura ciudadana.
No obstante, es tarea del Gobierno formular y aplicar una estrategia nacional para frenar el crimen organizado. Urge convocar, mientras tanto, a un equipo de expertos civiles y policiales, nacionales y extranjeros, para detener una ola que ya amenaza con devorar a la sociedad peruana y a sus instituciones.
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