¿Quién carga mochila?

Uno de los conceptos más importantes que derivan del derecho al proceso es la “carga de la prueba”. La idea es mucho más sencilla de lo que su pomposo nombre emana. Veamos: imagínese usted que el día de mañana se levanta y es acusado de haber asesinado a otra persona. A partir del hecho, la Policía recogerá inteligencia criminalística y luego los fiscales presentarán, si es que encuentran indicios suficientes, una acusación. Finalmente, un juez determinará si es usted culpable o inocente.

Ahora imagínense que la Fiscalía le pida a usted que demuestre su inocencia en lugar de hacer el trabajo de buscar las pruebas correspondientes. En cualquier caso de corte penal, la “carga de la prueba” la lleva el que acusa. Naturalmente nadie puede probar hechos inciertos. Uno no puede probar su inocencia; el Estado, más bien, debe probar su culpabilidad. De lo contrario, terminamos en este pantano que parece haber sido descrito por Kafka.

En nuestro país, prácticamente la mitad de la población penitenciaria no tiene condena alguna. Esa es una clara muestra de la poca eficiencia de la Fiscalía. Pero es, y peor todavía, un evidente indicador de que nuestro sistema republicano no respeta derechos humanos tan esenciales para la vida en sociedad como el debido proceso. Y ojo: aquí nadie dice que un solo corrupto deje de pagar por sus crímenes, pero esta nueva forma de golpe al caballazo por parte de la Fiscalía está empezando a llegar a extremos sin precedentes.

Uno de los más grandes retos, si es que no el más grande, de la Junta Nacional de Justicia será asegurarse que los jueces y los fiscales actúen dentro de su campo de acción jurisdiccional. Sin esas garantías, el Estado perderá su legitimidad frente a la ciudadanía y el espacio para los radicales se abrirá irrevocablemente. Más prudencia, menos figuretimo, más trabajo, menos abusos y, sobre todo, menos ganas de jugar para la tribuna.