Perdiendo el juicio

Fecha Actualización

06/07/2024 - 07:00

La performance del fiscal Domingo Pérez en el desarrollo de su acusación fiscal contra Keiko Fujimori y otros 40 encausados por el caso Cocteles fue lamentable. Ha convertido lo que debía ser un proceso puntual en una suerte de feria de acusaciones repartidas como boletos de tómbola.

De inicio a fin el alegato del letrado se asemeja más a un discurso político que a una exposición jurídica. Los reparos a la forma en que se llegó a esta instancia, con una estrategia dudosa, tipificando erráticamente los hechos, no solo han venido de la parte que está en el banquillo, sino de juristas y reconocidos penalistas que coinciden en que el caso se ha “hiperpolitizado”.

Y añadiríamos que hasta fue conducido con mala leche por el fiscal Pérez, al incluir en el juicio oral, por ejemplo, a personas cuyas denuncias o investigaciones ya habían sido anuladas por un órgano jurisdiccional, como es el caso de Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep.

Con un desmesurado, casi estrambótico número de testigos (2,000), citados tanto por la Fiscalía como por la defensa, y unos cinco mil documentos que los jueces tendrán que analizar y discutir, lo cierto es que este proceso parece pensado para alargarse indefinidamente.

Como explicó el destacado penalista César Azabache a Perú21: “¿Por qué son importantes estos números? Porque un juicio toma tiempo, los días no cambian, tienen 24 horas. En una sesión de juicio, yendo a toda velocidad, solo es posible interrogar a cuatro declarantes. Si suponemos que los documentos son fáciles de leer, son simples, uno puede leer diez documentos en una sesión de juicio. ¿Cuánto tiempo se requiere para recibir dos mil declaraciones, no cuarenta, no cuatrocientas… sino ¡dos mil! ...? Y ¿cuánto tiempo se requiere para leer y discutir cinco mil documentos? Yendo a toda prisa… tres sesiones por semana, cuatro declarantes por sesión, diez documentos. Así, este juicio tomaría, si no tiene accidentes, seis años”.

Más claro ni el agua. Estamos, pues, ante un proceso que ya no se sabe si administrará justicia o terminará convertido, como ya se avizora, en una plataforma política tanto para la defensa como para los acusadores. Se han perdido completamente las proporciones y, si así ha comenzado, difícilmente se podrá enderezar el rumbo y retomar el tema con seriedad y apego estricto a lo que manda la ley.

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