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Dos temas que dominaron la política en 2019 tuvieron que ver con procesos de selección de funcionarios públicos. La creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la pugna en torno a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) fueron banderas del presidente Vizcarra y condujeron a sucesos determinantes para el país.
La instauración de la JNJ apuntaba a un reclutamiento de jueces y fiscales con meritocracia y transparencia. Fue tal la prioridad que le dio el Ejecutivo, que para concretarla mediaron un referéndum, una cuestión de confianza y dos accidentados concursos públicos.
De otro lado, el ímpetu con el que el presidente impulsó la reforma al proceso de selección de miembros del TC fue tal que desencadenó una serie de sucesos que concluyeron con nada menos que la disolución del Congreso.
Así, pareciera que el presidente Vizcarra exige los máximos estándares en procesos de reclutamiento decisivos para el Legislativo y Judicial, pero otra es la historia cuando se trata del Ejecutivo que él dirige.
Juan Carlos Liu fue designado en el Ministerio de Energía y Minas aun con el conflicto de interés que genera haber sido asesor de Odebrecht. Edmer Trujillo regresó al MTC aun con el antecedente del hospital de Moquegua. Jorge Meléndez fue al MIDIS para luego renunciar por unos audios que lo vinculaban a la tala ilegal. La semana pasada Susana Vilca fue designada en el MINEM pese a sus vínculos con la minería ilegal y a denuncias de corrupción cuando fue congresista. Lo insólito es que en todos los casos los cuestionamientos vienen por antecedentes que hubieran podido ser fácilmente detectados si el proceso de selección hubiera sido mínimamente diligente.
Buscar a los mejores para el Estado es digno de celebrarse, pero estaría bien que el presidente Vizcarra empiece por casa.
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