Estado ilegal

Mientras una crisis política promovida e inventada por un grupúsculo hambriento de poder distraía a todos de las consecuencias de la pandemia y la crisis económica, otros problemas se ciernen sobre las ciudades de nuestro país. El Congreso, sí, este órgano tan cuestionado, volvió a hacer de las suyas al aprobar el proyecto de ley que amplía los plazos de ocupación de posesiones informales para beneficiarlas con la formalización.

De esta forma, se aprueba un régimen temporal hasta diciembre de 2026. Claro, poco antes de ese plazo volveremos a escuchar sobre una nueva ampliación y así por siempre. Por ello, parece confirmarse que el gobierno nunca atenderá las reales necesidades de vivienda social ni mejorarán las condiciones ni calidad de las casas de la mayoría de peruanos. Sí, esos mismos peruanos a los que les han pedido quedarse en casa.

Como ya indiqué en la columna titulada “Presidente informal” en este mismo diario, esta medida perpetúa la informalidad pues empodera y motiva a las mafias de terrenos, que abusan de la necesidad de la ciudadanía por garantizar un techo para su familia. De hecho, la aplicación de la norma alcanza a terrenos de dominio privado del Estado, propiedad privada e inclusive a tierras de comunidades campesinas ocupadas por posesión informal hasta el 31 de diciembre de 2015.

Es más, esta ley continúa con la afectación a ecosistemas frágiles como las lomas (situación que es alertada constantemente por colectivos defensores como la Red de Lomas del Perú y Centro Urbes), empeora la vulnerabilidad a la que se exponen los ciudadanos al consolidar sus viviendas en zonas de alto riesgo y, por supuesto, no resuelven la ausencia de servicios básicos que garanticen una vida digna. ¿Es esta una solución a la necesidad de vivienda? En absoluto, son solo migajas que lanzan políticos con intereses clientelares.

¿Podría el presidente observar esta norma? Pues podría, pero no necesariamente querría hacerlo. De hecho, en su discurso de 28 de julio, anunció esta medida con bombos y platillos. Quizá sea posible que no haya reparado en la gravedad de esta medida al estar concentrado en las medidas contra la pandemia o es, simplemente, que la estrategia de su gobierno busca consolidar la informalidad.

Los peligros de esta norma no están solamente en la pérdida de territorio ni tampoco en el desarrollo urbano sin norte. Lo más grave es que convalida una forma de hacer ciudad basada en la ilegalidad y la delincuencia en la que las víctimas somos todos y los ciudadanos que añoran una casa propia no la reciben en realidad pues continuarán viviendo en la misma precariedad de la que quieren escapar. No debemos conformarnos mientras el Estado se lava las manos y no asume su real responsabilidad: el ofrecer vivienda digna para todas las personas. Y no, un título de propiedad sobre una zona de huaicos no es lo mismo. Nunca lo será.