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Indignación. Rabia. Impotencia. Difícil encontrar la palabra precisa para el sentimiento que despierta saber que en 2019 se han registrado 164 feminicidios, lo que hace que este sea el año más sangriento para las mujeres peruanas en la última década. Una masacre que evidencia lo profundo del problema, enraizado en una sociedad que por mucho tiempo ha creído que los hombres tenemos derechos sobre niñas y mujeres, normalizando los estereotipos, la desigualdad y las agresiones hacia ellas.
No perdamos de vista que parte de la responsabilidad recae sobre los políticos que se rasgan las vestiduras, pero que en su momento no hicieron nada para frenar esos crímenes. Las leyes son un arma poderosa. Por eso se nos hace imposible olvidar que varios de ellos, alineados al fujimorismo, votaron por la derogación del D. Leg. 1323, que precisamente buscaba fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Tampoco olvidamos que los legisladores de Fuerza Popular, en respuesta al Plan Nacional de Igualdad de Género, presentaron un proyecto de ley que tenía como único objetivo excluir de las políticas públicas todo lo que suene a “ideología de género”. Tampoco olvidamos que blindaron al exjuez Hinostroza luego de que se supiera que accedió a reducir la pena a un violador. También recordamos a Luz Salgado justificando el acoso a Paloma Noceda con un “hay que sabernos defender”.
Lo cierto es que ese grupo de exlegisladores siempre prefirió la politiquería de callejón que la acción real. Su prioridad fue y son los golpes políticos. Por eso su indignación impostada luego de la tragedia en El Agustino cae como un insulto si no viene acompañada de apoyo concreto a favor de los urgentes cambios de fondo para detener esta masacre.
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