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Construyendo un Estado mugre e incompetente

“Silbar mirando al techo mientras se argumenta sólidamente que no hay pruebas e insistir en una teoría sin pruebas es mala entraña y abuso de poder”. 

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"También han cometido grave falta los jueces involucrados en la etapa de control de la acusación y en esta sentencia inaceptable". (@photo.gec)
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La semana ha sido un desastre para la posibilidad de construir un Estado limpio y competente. Empezó con la sentencia aberrante que condena a 9 años de cárcel y una responsabilidad solidaria sideral a dos funcionarios probos —Alberto Pascó Font y Sergio Bravo— y en cuyo caso la Fiscalía no presentó una sola prueba que los inculpara. Peor aún, las declaraciones de Jorge Barata, de Odebrecht, explícitamente revelan que no hubo colusión con el comité que ellos conformaban. Los fiscales han actuado con mala fe, porque su rol es acusar solo a los culpables. Silbar mirando al techo mientras se argumenta sólidamente que no hay pruebas e insistir en una teoría sin pruebas es mala entraña y abuso de poder. También han cometido grave falta los jueces involucrados en la etapa de control de la acusación y en esta sentencia inaceptable. Hago la salvedad de que soy amigo de Alberto Pascó Font, pero eso no cambia los hechos: se ha condenado sin ninguna prueba.  

A ello se suma la pantomima de sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para discutir (y muy probablemente aprobar dentro de poco) una acusación constitucional sin pies ni cabeza contra Salvador del Solar que busca su inhabilitación para cargos públicos. Soy también amigo de Salvador, que se defiende solo y muy contundentemente en un video de su cuenta en YouTube, para quien quiera revisar las razones de fondo. Ni loco regresaría Salvador a la carrera pública, pero acusar sin razones bien fundamentadas sienta un precedente nefasto.  

Como bien sabemos, también jueces y fiscales han sido tramposamente injustos con Ricardo Briceño, al no querer tomar en cuenta la información provista por su defensa, que claramente indica que no hizo ninguna contribución a la campaña de Keiko Fujimori, sino una campaña en pro de la inversión privada realizada por Confiep, perfectamente válida y razonable. Los fiscales se inventaron una figura de fraude de persona jurídica (Confiep), cuando la propia Confiep ha aclarado que no hubo fraude alguno, que todo fue regular y bancarizado. También tengo el honor de ser amigo de Ricardo, pero son los hechos.  

Adicionalmente, hace varios meses se aprobó una acusación constitucional contra Daniel Alfaro, también buscando su inhabilitación para asumir cargos públicos, porque se le considera responsable de que se hayan incluido en un material escolar una cita a un link que contenía material inapropiado para escolares. ¿Un ministro de Educación tiene que revisar cada link de cada cita de cada material educativo de cada tema de cada año escolar? ¿En qué tiempo se encarga de todo lo demás que el cargo implica? Y, al igual que en los casos anteriores, soy amigo de Daniel, pero los argumentos son contundentes.  

Escribo porque conozco sus casos y también su entereza profesional y su calidad humana. Incluso, soy amigo y primo de Gonzalo Ortiz de Zevallos, cuyo nombramiento al Tribunal Constitucional no se concretó por la cuestión de confianza planteada por Salvador. Y tengo la absoluta certeza de que Gonzalo habría actuado con honestidad y siguiendo su buen criterio profesional. El tema no es cuál de los dos tenía razón. El tema es que la discusión entre posiciones distintas entre gente preparada y honesta no puede llevar a la venganza tonta, la mechadera y la sinrazón. Estamos jugando con la viabilidad del país.    

Este nivel de arbitrariedad, de uno y otro extremo del actual espectro político, tiene gravísimas consecuencias: no se va a poder atraer a profesionales competentes y probos a la gestión pública. ¿Quién va a querer ser ministro o funcionario de alto rango con estas vendettas?  

Si algún partido que votó a favor de estas acusaciones constitucionales llega a ser gobierno ¿de dónde sacará ministros de buen nivel técnico y honestos? ¿O prefieren a los deshonestos o incompetentes?  

Encima, el contexto es uno donde las economías ilegales están amenazando día a día a empresas formales (desde mineros ilegales en Pataz hasta extorsionadores con sicarios por todos lados). Y están intentando enquistarse en poderes del Estado y entidades públicas. ¿O eso no preocupa?