Las controversias no están sumando

El fin de año ha sido especialmente redundante: nos mostró a un gobierno sin previsión primero y sin reflejos después, incapaz de revertir situaciones confusas a su favor. Y parece que, más temprano que tarde, la ley que buscaba favorecer el empleo juvenil será derogada o estará tan parchada que habrá perdido sentido.

Lo más penoso es que el asunto central se extravió entre tanto lío: ¿qué medidas se deben tomar para fomentar el trabajo y la inversión en un país con altas tasas de desempleo, subempleo e informalidad? Debido a las vocerías oficialistas sin concierto, a los gestos despectivos contra una agitación callejera reactiva y a una pobre deliberación que mostró cuán inmadura es nuestra opinión pública, el país –no el Ejecutivo– habrá retrocedido una vez más frente a uno de sus grandes desafíos.

Esto no es nuevo. La lista de iniciativas reformistas que fueron abortadas o debilitadas hasta la inanición en los últimos gobiernos es larga, desde proyectos industriales y energéticos que fueron bloqueados sin haber sido reemplazados por algo mejor (recuerde usted que los beneficios de Camisea tardaron dos décadas en concretarse gracias al chovinismo de entonces), hasta propuestas como las de la última ministra de Salud que pretendía ampliar la cantidad y calidad de los servicios médicos en todo el país. En todos los casos, la mala gestión de la comunicación social y el anacronismo ideológico de diversos sectores, confabularon para postergarlos.

El debate sobre la ley trajo, sin embargo, algunas discusiones muy interesantes que, lamentablemente, apenas se comparten en publicaciones especializadas, muy lejos de las incoherencias de los políticos oportunistas, las apasionadas confrontaciones en las redes sociales y las animadas marchas juveniles (qué lamentable que sus promotores las llamen 'pulpines', rebajando el impacto simbólico que podrían lograr).

El gran pendiente sigue siendo nuestra incapacidad para gestionar nuestras controversias llevándolas hacia un debate que sume estratégicamente. Necesitamos constituir mecanismos públicos, formales o no, convencionales o no, que favorezcan la legitimación social de las propuestas técnicas, y viceversa. Aunque nada de esto será posible mientras no aprendamos a reconocer la validez de las intenciones de los actores en juego, ni abandonemos el recurso a la polarización que, en sociedades de instituciones precarias como la nuestra, resultan de una esterilidad abrumadora.