Costosa inacción

Desde hace dos o tres semanas los camioneros habían anticipado medidas de fuerza ante el alza de los precios de combustibles y el incremento de los peajes, amén de otras demandas que exigían fueran atendidas de inmediato.

El Ejecutivo, sin embargo, imbuido en sus persistentes choques con otros poderes del Estado y en defenderse de los sucesivos escándalos de corrupción que involucran a parientes, allegados y sendos operadores en la sombra, no planificó estrategia ni medida preventiva alguna para contrarrestar los efectos de la subida de los precios y de esta paralización que ya alcanza una magnitud desusada.

El Premier declaró ayer que se habían avanzado ya algunos acuerdos con los dos gremios de transportistas para que levantaran el paro indefinido, que al ser principalmente de vehículos de carga pesada comprometen el abastecimiento de productos básicos en todo el país, pero hasta ahora la paralización continúa, en algunos lugares además con hechos de violencia.

La inanidad del gobierno, su absoluta falta de reflejos o lentitud para restaurar el orden público cuando los conflictos sociales se precipitan en estas situaciones violentas es alarmante, por decir lo menos. Los bloqueos de carreteras, por ejemplo, se han vuelto pan de cada día en cuanta protesta se organice. Y desde hace semanas vienen ocurriendo asimismo en distintos puntos mineros del país, Cuajone, Toquepala, Las Bambas y otras, donde cada comunidad o gremio realiza bloqueos como parte de su protesta y medida de presión –en realidad un chantaje– para que sus exigencias sean atendidas, y lo hacen con la confianza de que ese inaceptable vandalismo jamás tendrá consecuencias.

No obstante, cada bloqueo de carreteras, según donde se realice, deja millonarias pérdidas para el fisco peruano, para los habitantes de las regiones afectadas y para las empresas.

Más allá de todas las concesiones que haga el gobierno (incluyendo eliminación de papeletas a infractores contumaces), pues queda claro que se van a “echar” en las negociaciones, el costo de la inacción ante el paro del transporte pesado, ya advertido por los analistas, será alto, y a no dudarlo una nueva demostración de la incapacidad del gobierno que actualmente padece el país.