Créditos sangrientos

Fecha Actualización

30/03/2024 - 07:00

No pasa un día sin que se registre un ataque o intento de amedrentamiento con armas de fuego a ciudadanos que cayeron en la trampa de los créditos ‘gota a gota’. Una modalidad criminal que ha infestado el país de deudores y extorsionadores, amén del reguero de cadáveres que viene dejando en su camino.

Préstamos informales con desembolsos inmediatos a intereses leoninos, sin ningún control de las autoridades. El día que la víctima se atrasa en los pagos, comienzan los problemas.

Las cobranzas rápidamente escalan de las amenazas a las golpizas y de ahí a los tiroteos a domicilio, a menudo incluso con explosivos, si se trata de un comercio o una empresa más o menos establecida, no importa su tamaño (bodegas, bazares, transportistas, puestos de mercado, pymes son los principales objetivos).

Y así como fue el Congreso el que sirvió la mesa, en 2021, a las mafias detrás de estos préstamos, ha quedado en manos de la actual legislatura acabar con esa peregrina ley así llamada “de la usura”, que pone topes a las tasas de interés bancario.

Una norma que, interviniendo el mercado –al bloquear con leyes el libre flujo de la oferta y la demanda– empujó a un enorme número de peruanos a salir del sistema financiero para caer en las redes de los créditos callejeros o por vía digital. Casi de manual la grotesca metida de pata, populismo mediante, claro.

Fuera del sistema, sin ninguna regulación, el engorde de estas actividades delictivas enmascaradas como préstamos a sola firma, en una economía que iba camino a la recesión y con miles de ciudadanos convertidos en parias del sistema financiero, estaba más que cantado.

Cabe esperar que, a la luz de los resultados de esa nefasta ley intervencionista, los legisladores den marcha atrás. Por lo pronto, en el hemiciclo circulan ya hasta cinco iniciativas que apuntan a eliminarla. No todas atendibles, desde luego, pero igual apuntan a ese objetivo.

Lo menos que se puede pedir es que se sienten a escuchar a los expertos, pero también a las entidades que saben del tema que conocen y cuentan con data para sustentar sus posiciones, como Asbanc, la SBS, el MEF y el BCR.

Es hora de acabar con ese mercado negro de préstamos alentado por una norma absurda que solo desgracias ha traído para el Perú.

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