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Debemos enfrentar los problemas con realismo
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Por Raúl Ferrero Costa*
Este 28 de julio entramos al último año del gobierno del presidente Martín Vizcarra y bien podemos ver los inmensos retos que tiene por delante, siendo los principales la crisis económica, la política y la situación de la pandemia que enfrenta el país, y a su vez sin bajar la guardia en la lucha contra la corrupción.
Considero que ha sido acertado el nombramiento de Pedro Cateriano como primer ministro, ya que se trata de un político fogueado, decidido y con ideas claras.
Sin embargo, el presidente tiene por delante tareas indudablemente complejas y variadas.
Así, deberá enfatizar la tarea gubernamental de activar aun más la reconstrucción del norte después de los desastres ocasionados por El Niño costero hace más de tres años, a la vez que respaldar las investigaciones de los lamentables casos de corrupción, principalmente en las obras públicas, como lo ocurrido en el caso Odebrecht.
Asimismo, es indispensable encarar el deterioro en el que se encuentra la cada vez más inestable actividad política, dado que las reglas para el próximo proceso electoral, que culminará en menos de un año, todavía no se conocen, a pesar de todos los intentos que se han hecho desde hace buen tiempo por encarar la reforma política y electoral, la cual resulta indispensable para salir del atolladero político en el que nos encontramos.
Para ello, resulta impostergable la coordinación que deberá hacer el Poder Ejecutivo en el Congreso, aprovechando los encuentros que tendrán los distintos representantes de los poderes del Estado en estos días de Fiestas Patrias, para concretar el inicio de un diálogo con la esperanza de que resulte todo lo fructífero que sea posible.
A lo dicho se agregan los problemas sociales y económicos como consecuencia de la pandemia a la que estamos sometidos por la aparición del COVID-19, que sigue causando la muerte de miles de personas en todo el orbe, incluyendo desafortunadamente a nuestro país, lo cual complica aún más la situación para el gobierno, el que, a pesar de sus innegables esfuerzos, no ha reaccionado con la eficiencia y efectividad requerida, entre otras razones porque contamos con que más de dos tercios de nuestra población son informales, lo que hace más difícil combatir al coronavirus, a lo que se agrega la manifiesta deficiencia de nuestros servicios de salud y hospitalarios, que han demostrado sus carencias y limitaciones, que resultan evidentemente mayores a las previstas.
La colaboración del Congreso resulta indispensable, a la vez que también debe corregir esa actitud un tanto arisca que tiene con el Poder Ejecutivo en momentos en que el país necesita como nunca la búsqueda de acuerdos entre los dos poderes políticos del Estado.
Recientemente hemos visto con pena y preocupación como el Congreso ha aprobado proyectos de ley inconstitucionales para eliminar por completo la inmunidad, sin mayor análisis ni diferenciación, quitándosela y no modificándosela a los parlamentarios y luego eliminándosela al defensor del Pueblo, al contralor general de la República, a los miembros del Tribunal Constitucional y hasta al presidente de la República, lo que revela una voluntad confrontacional absurda y una mala lectura de lo que viene exigiendo la mayoría de la población, ya cansada de tantas desavenencias entre los poderes del Estado en temas importantes y trascendentales a los diez escasos meses que restan para las elecciones generales del mes de abril de 2021.
Tengamos presente que hasta ahora no se conocen cuáles serán las reglas de la denominada reforma política que se aplicarán para el proceso político de 2021, a lo que se agrega el denodado esfuerzo que requerirá el tener que superar el gravísimo problema de la pandemia, que prácticamente tiene semiparalizado al país, y que debe ser enfrentada por el gobierno con mucha mayor eficiencia y efectividad, y así encarar con realismo ese más que preocupante pronóstico de un decrecimiento de casi el 14% del PBI para este año, según lo señala el FMI.
*Jurista y exsenador de la República
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