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Defender a nuestros defensores
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Hace unos meses, la peor pesadilla de Demetrio Pacheco se hizo realidad. Encontró a su hijo, Roberto Carlos, asesinado cerca del bosque que ambos protegían y cuidaban. Ambos, reconocidos defensores ambientales en Madre de Dios, llevaban ocho años denunciando y enfrentando a los taladores ilegales que invaden la concesión forestal a su cargo. Sin embargo, a pesar de los años y las numerosas denuncias, no recibieron a tiempo la protección adecuada por parte del Estado.
De acuerdo a Global Witness, América Latina se ha convertido en la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales. Y, dentro de esta, la situación del Perú es alarmante. El caso de Roberto Carlos es uno de, por lo menos, cinco que han sido asesinados solo este año en nuestro país. Y muchos más viven actualmente amenazados por intereses privados o por mafias que se enriquecen de la depredación natural. Son ellos la primera línea de defensa de nuestros ecosistemas naturales y no los protegemos como corresponde.
El Acuerdo de Escazú, negociado y firmado por países de toda la región, planteaba, entre otros puntos, un marco de reconocimiento y protección para ellos. Sin embargo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso decidió mandarlo al archivo en octubre. Un error histórico que necesita ser enmendado.
Por eso, hemos elaborado un ambicioso proyecto de ley que asume este tema. La propuesta busca promover y garantizar el ejercicio de las funciones de las personas defensoras ambientales y también de todos los defensores de derechos humanos.
Entre los principales alcances concretos de la ley se encuentra el establecimiento de una definición de lo que significa ser un defensor y promotor de los derechos humanos en el Perú. Y se les reconoce explícitamente una serie de derechos que les permite continuar realizando su labor con seguridad.
Algunos de estos son el derecho de acceso a la información, el derecho a participar en asuntos públicos, el de no ser sujeto de intimidación o represalias, entre otros. Así mismo, se les garantiza un acceso efectivo a la justicia ante cualquier vulneración a sus derechos, a través de recursos de restituciones o reparaciones.
Pero probablemente lo más importante de este proyecto es que no restringe este reconocimiento a ciertas instituciones, sino que intima a todo el Estado peruano en su conjunto a proteger a las personas o agrupaciones que trabajan día a día por estas causas. Crea, además, un sistema de alerta temprana para quienes estén en una situación de vulnerabilidad o peligro real.
Este marco trascendental no solo se va a limitar a defensores ambientales como Demetrio Pacheco, sino también a todo tipo de activistas en ese sentido, como los educadores en derechos humanos, los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, periodistas defensores de la libertad de expresión, activistas que acompañan y defienden a víctimas o familiares de abusos de DD.HH., además de a los defensores de los derechos LGBTI y derechos sexuales y reproductivos.
Como hemos visto en las últimas semanas, el respeto a los derechos humanos es un principio elemental de cualquier democracia. Quienes trabajan en la defensa de estos cumplen una labor loable, pero la tutela efectiva de sus derechos muchas veces no es ejercida adecuadamente por parte del Estado. Lamentablemente, incluso desde algunos espacios de este y de la sociedad, se les suele estigmatizar, urdiendo todo tipo de teorías conspirativas para desprestigiar su labor. Así lo señaló Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de la ONU, luego de su visita a Perú a inicios de este año.
En un discurso en la Cumbre Mundial de Defensores de Derechos Humanos, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló: “Sin las personas que defienden los derechos humanos, la Declaración Universal sería papel mojado. Son el coraje, la generosidad, la integridad y la abnegación de los defensores de derechos humanos los valores que han mantenido viva la Declaración Universal”. Es hora de materializar ese reconocimiento internacional en compromisos concretos por parte de nuestro Estado. Es hora de defender a nuestros defensores.
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