“Sin ninguna duda se trata de una mordaza”

Autor: Carlos Neyra.carlos.neyra@peru21.com

El ex ministro de Justicia y abogado constitucionalista Víctor García Toma es claro al apuntar que existe una mordaza en el sector Justicia en relación al accionar de los procuradores que tienen a su cargo la investigación a la primera dama, Nadine Heredia. Ello, luego de la denuncia que hiciera hace unos días la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe. García Toma consideró también que el titular de esa cartera, Gustavo Adrianzén, debe dar una explicación al Congreso de la República por lo ocurrido y ofrecer disculpas a los procuradores y la opinión pública en general por la actitud mostrada.

¿Considera un acto de censura la actitud del ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, de exigir a la procuradora Julia Príncipe explicaciones por las declaraciones que realizó sobre la investigación a la primera dama y por los requisitos exigidos a los abogados del Estado para que declaren a los medios?Me parece que ha habido una ruptura en el Ministerio de Justicia. Desde el año 2008 a esta fecha, la ley nunca ha impedido ni la actuación ni la forma en que los procuradores del Estado deben informar de sus investigaciones a la ciudadanía.

¿Cómo así?Han aparecido recientemente unos oficios que intentan amordazar y afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión de los procuradores. Es curioso lo que pasa, porque la entidad que ha dispuesto esa mordaza se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En consecuencia, el que debería dar la mejor imagen y el mejor resguardo de los derechos es este ministerio.

¿Entonces, es amordazar lo que hace el ministro de Justicia?Sí. Nunca se había hecho desde que se promulgó la ley (de abogados defensores del Estado) y su reglamento. Nunca un ministro ha impedido a un procurador, en el marco de sus funciones, que declare o que esté obligado a solicitar permiso para declarar.

¿La mordaza se debe a que los procuradores han abordado el caso de Nadine Heredia?No hay ninguna duda. No hay que ser chamán o adivino para entender que estas medidas de restricción son antidemocráticas, pues amenazan los derechos fundamentales. Se dan en el contexto de una investigación que hay a nivel fiscal y en el Parlamento contra la señora Heredia y, en ese contexto, aparece este oficio que intenta afectar los derechos fundamentales.

*Perú21 tuvo acceso al pedido que hizo Aurelio Pastor al Ministerio de Justicia para solicitar explicaciones respecto de las declaraciones vertidas por el ex procurador anticorrupción Christian Salas sobre su caso, y le respondieron, del mismo sector Justicia, que la libertad de expresión es un acto democrático. ¿Cómo lo podemos interpretar?El único caso en el que un procurador debe tener especial cuidado y debe solicitar instrucciones es cuando se traten asuntos que están vinculados con la confidencialidad; en todos los demás, están sujetos al criterio y sano juicio de los procuradores, que actúan como cualquier ciudadano común.

¿Se les restringe ese derecho a los procuradores?Esto guarda relación con la respuesta anterior. Desde la dación de la ley y su reglamentación, en el 2008, hasta la fecha, ningún ministro se había arrogado la responsabilidad de limitar la conducta de los procuradores en lo que se refiere a su libertad de expresión; es el primer caso y es muy lamentable.

Los congresistas están pidiendo explicaciones al ministro. ¿Esto es correcto?Lo primero que debería hacer el ministro es dar una explicación al Parlamento y ofrecer disculpas a los procuradores, con el compromiso de no volver a continuar con su actitud.

¿Se podría decir que la ley es ambigua o genérica?La ley es muy clara. Desde su promulgación, su interpretación no ha generado ningún tipo de duda. Sin embargo, esta problemática se produce como consecuencia de la investigación a Nadine Heredia; entonces, hay un problema del ministro, que debe defender los intereses del Estado y no de un particular.

Entonces, ¿los procuradores y los funcionarios públicos no deben pedir autorización para emitir opinión?En el marco de la Constitución, no puede haber ni censura ni autorización previa; eso se aplica para los funcionarios públicos. La única excepción en el caso de los procuradores se da en aquellos asuntos que tengan carácter de confidencialidad.

¿Qué invocación le haría al ministro de Justicia?Que cumpla su papel de defender los intereses del Estado y ser uno de los garantes de los derechos fundamentales. Su papel no es ser operador de ninguna persona particular, por muy allegada que sea al presidente de la República, y que se conduzca de una manera apropiada.

AUTOFICHA