Bajos fondos

El desvío de 40 mil soles mensuales de los fondos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en pagos realizados a Vladimir Cerrón, dueño del membrete Perú Libre, que un colaborador eficaz acaba de dar a conocer a la Fiscalía, es un hecho que reviste la mayor gravedad.

Camuflar dineros que responden no a servicios prestados de inteligencia –que, al menos formalmente, es la finalidad de esta partida reservada–, sino a pactos políticos bajo la mesa, abre la puerta a un sinnúmero de irregularidades, más aún si se trata de dineros que no están sujetos a los mismos controles que los que manejan otras dependencias públicas. Es una práctica que, tarde o temprano, suele terminar en delitos de corrupción. ¿O es que Cerrón se ha convertido ahora en un émulo del Superagente 86? (más parece un agente de Caos, en realidad).

Y cuidado, que alegando propósitos similares se usaron también las planillas del SIN durante la dictadura fujimorista, bajo la égida del siniestro asesor presidencial Vladimiro Montesinos, con el desenlace que todos conocemos. Una historia que no puede repetirse en nuestro país, mucho menos estando en democracia, por muy deleznable que les parezca la transparencia a los cabecillas del oficialismo.

La opacidad, el secretismo en las altas esferas del poder, es propio de gobiernos totalitarios, precisamente porque esa vocación por lo clandestino permite ocultar los malos manejos, los abusos y los delitos de sus autoridades.

Que este gobierno es enemigo de la libertad informativa y de la transparencia en la administración pública lo sabemos de sobra. El Ministerio Público ya cuenta con abundante evidencia de las razones que tienen Castillo, Cerrón y los suyos para actuar de esa manera. Las planillas secretas parecen ser otro eslabón más en la cadena delictiva de la organización criminal que investiga la Fiscalía, que, de hecho, se verá obligada a escarbar un poco más en esa dirección.

No obstante, la Contraloría General de la República y la Comisión de Inteligencia del Congreso son las instancias llamadas a actuar de inmediato, porque no pueden existir recursos del Estado manejados desde las sombras, ajenos a fiscalización alguna.

Sobre todo tratándose de un régimen como el actual, que ha hecho de la nocturnidad un modus operandi y en el cual ‘vale todo’ con tal de atornillarse en el poder y seguir trasegando los fondos del erario.