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Editorial: Más otorongos que nunca
El vergonzoso blindaje a un legislador denunciado por violación sexual realizado por un grupo de congresistas –la mayoría de izquierda y otros dizque de centro, apelando a leguleyadas para defender su cómplice voto en abstención– ha causado estupor en la ciudadanía.
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El vergonzoso blindaje a un legislador denunciado por violación sexual realizado por un grupo de congresistas –la mayoría de izquierda y otros dizque de centro, apelando a leguleyadas para defender su cómplice voto en abstención– ha causado estupor en la ciudadanía.
Es indignante que, en momentos en que la democracia peruana se ve atacada por fuerzas extremistas que poco o nada tienen que ver con la legalidad o el Estado de derecho, se sigan reproduciendo nauseabundas componendas como las de estos parlamentarios.
De la izquierda podría entenderse como una jugada para aumentar el desprestigio del Congreso –a cuyas planillas curiosamente pertenecen– y echar más leña al fuego a las protestas violentas que han tomado las calles, principalmente en el sur del país, y que tienen como uno de sus caballitos de batalla, justamente, el cierre del Legislativo. A fin de cuentas, está claro que dañar la legitimidad de las instituciones democráticas es parte de la política que ha puesto en marcha la izquierda para precipitar la caída del gobierno.
Lo que sí resulta incomprensible y del todo injustificable es el voto de ciertas congresistas, entre ellas una exfiscal de la Nación y una exministra de Estado. No solo como mujeres, sino como integrantes de bancadas que, al menos verbalmente, deberían estar en las antípodas de las maniobras desestabilizadoras.
En general, los 21 parlamentarios que votaron en abstención, impidiendo con ello que se aprobara el informe sobre el presunto –es un decir– violador, son cómplices de este grotesco blindaje. No hay excusa posible, mucho menos en las circunstancias que actualmente vive el país.
Sin embargo, esos mismos congresistas tienen hoy la oportunidad de enmendar su voto con la reconsideración programada por el Pleno. Lo que corresponde es inhabilitar para cualquier función pública a Freddy Díaz, para quien la fiscalía pide, por lo pronto, 9 meses de prisión preventiva, mientras se culminan las investigaciones. Demás está decir que la evidencia en contra del legislador es abrumadora.
De prosperar nuevamente la voluntad de dejar impune este vergonzoso hecho, solo se le estará haciendo el juego a quienes buscan imponer sus intereses a costa del derrumbe de nuestra democracia.
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