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Editorial: Turbios intereses
Si nos atenemos a la “plataforma de lucha” de este 4 de enero, todos los puntos persiguen objetivos sobre los cuales no hay cómo negociar o instalar una mesa de diálogo. La agenda es netamente política: desestabilizar al gobierno imponiendo el caos y el vandalismo en las calles.
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Si nos atenemos a la “plataforma de lucha” de este 4 de enero, todos los puntos persiguen objetivos sobre los cuales no hay cómo negociar o instalar una mesa de diálogo. La agenda es netamente política: desestabilizar al gobierno imponiendo el caos y el vandalismo en las calles.
Quienes organizan y azuzan las movilizaciones son justamente aquellos que han perdido el poder del que gozaban con Pedro Castillo instalado en Palacio, los que están detrás de oscuros intereses y poderes fácticos, como la minería ilegal, las mafias detrás de los grandes proyectos mineros del sur del país o el narcotráfico.
Y, cómo no, grupos radicales de izquierda que confluyen con algunos exconvictos de Sendero Luminoso, hoy libres en las calles, buscando lo mismo que perseguían décadas atrás. Es decir, sembrar la violencia, generar inseguridad en la población y así deslegitimar nuestra democracia, mejor si con cadáveres de por medio para poder culpar a las Fuerzas Armadas y policiales que tienen el deber de defender el Estado de derecho.
Incluyen entre sus demandas la convocatoria a una improductiva, inútil Asamblea Constituyente, que en su afiebrado delirio les concedería, supuestamente, un poder ilimitado, perenne, como en las dictaduras izquierdistas de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Sin libertades fundamentales, sin prensa crítica, trasladando todo el poder político y económico al Estado.
De ahí que la ciudadanía debe permanecer alerta, no caer en el engaño de estos demagogos profesionales, que ni siquiera se ponen al frente de las marchas, sino que mandan a jóvenes incautos a provocar o enfrentar a las fuerzas del orden. No, ellos se limitan a manejar los hilos desde las sombras, a distorsionar cualquier legítimo malestar o protesta por la situación que vive el país derivándolos hacia sus objetivos particulares, que, en este caso, van en contra de los intereses de la inmensa mayoría de peruanos.
No plantean reivindicaciones sociales o económicas. No lo hacen por el pueblo. La ciudadanía tiene que darse cuenta de ello y no caer en las provocaciones, que solo terminarán trayendo atraso a sus propias regiones y, por ende, a sus familias. Ya se ha visto cuánto han perdido Cusco, Arequipa y Ayacucho con las protestas de diciembre. Evitemos que el extremismo gane terreno.
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