“El control concurrente en la inversión pública”

“La continuidad de la implementación del control concurrente en las inversiones públicas debe estar fuera de debate. No debemos permitir que se cuestione su eficacia en el resguardo de los recursos públicos…”.

Nelson Shack

Fecha Actualización

26/05/2024 - 07:03

A 2023, se registran 489,904 inversiones públicas por casi S/400,000 millones. Esta gran demanda de recursos se impulsa para promover el desarrollo económico y social, y su objetivo es proporcionar servicios públicos esenciales y fomentar el bienestar general de la población.

En esta línea, paralizar o evitar las inversiones no es una opción para nuestro país; estas deben continuar e incluso fomentarse si queremos asegurar el desarrollo, el crecimiento económico y atender las necesidades básicas de millones de peruanos.

Una forma de impulsar y concretar los proyectos de inversión pública con transparencia y efectividad es el modelo de control concurrente que realiza la Contraloría General, identificando y alertando oportunamente a sus ejecutores sobre hechos adversos para que se corrijan y se eviten mayores perjuicios al Estado.

Precisamente, este modelo de control fue diseñado para acompañar la construcción, mantenimiento y equipamiento de carreteras, puentes, aeropuertos, escuelas, universidades, hospitales, comisarías, proyectos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, entre otros proyectos esenciales para concretar el entorno de desarrollo sostenible y equitativo que el Perú requiere.

La evaluación de los resultados de este modelo de control nos permite, mediante estudios como la “Medición de Impacto del Control Concurrente en la Inversión Pública”, conocer sus efectos en aspectos como el ahorro en costos de inversión del Estado, el nivel de avance financiero, la ejecución de los proyectos, entre otros.

El estudio revela que más de la mitad de las inversiones se concentran en transportes, educación y saneamiento, con Áncash, Cusco y Lima Metropolitana agrupando la mayor cantidad de inversiones públicas. Además, las entidades del gobierno local ejecutan alrededor del 60% de las inversiones en todos los departamentos y más del 20% del costo invertido en todas las regiones.

El control simultáneo representa más del 90% de los servicios de control y son 10,492 los servicios de control concurrente realizados a más de 3,515 inversiones. Pues bien, de acuerdo con el análisis de 86,250 inversiones públicas, se demostró que S/17 de cada S/100 del costo actualizado de las inversiones reciben control concurrente.

El informe indica también que el control concurrente revela cada vez más situaciones adversas, principalmente durante la ejecución de las inversiones. Estas alertas abarcan desde el diseño del expediente técnico hasta la idoneidad del supervisor, disponibilidad de terrenos, incumplimientos contractuales y metrados sin sustento.

En relación con la evaluación de impacto en términos de eficacia, los resultados muestran, con un nivel de confianza del 99%, que el control concurrente contribuyó en un aumento promedio de 29.2 puntos porcentuales del avance financiero de las inversiones. Esto sugiere que el control concurrente habría impulsado la ejecución financiera de las inversiones públicas, contribuyendo de esta manera a su aceleración en la ejecución de sus componentes y, por tanto, a la eficiencia en torno a la reducción de plazos de ejecución.

En las próximas semanas, se publicará el informe detallado de esta evaluación realizada con todas las rigurosidades metodológicas propias de este tipo de análisis. La conclusión es contundente: el control concurrente funciona, y logra un ahorro significativo de recursos para el Estado, ya que los proyectos sujetos a este tipo de control son más económicos y rápidos en comparación con los proyectos equivalentes que carecen de él.

Con todo esto, la continuidad de la implementación del control concurrente en las inversiones públicas debe estar fuera de debate. No debemos permitir que se cuestione su eficacia en el resguardo de los recursos públicos, menos que se restrinja o elimine, o se afirme, irresponsablemente, que el control paraliza las obras.

Las autoridades y funcionarios desempeñamos nuestra función por un tiempo determinado; no somos eternos. Sin embargo, las consecuencias de nuestras decisiones perduran durante años. La inoperancia estatal, así como la corrupción y la inconducta funcional, perjudican sustancialmente al país, como hemos presenciado en repetidas ocasiones. TODOS debemos mantenernos alertas en aras de garantizar el correcto uso de nuestros recursos y el cumplimiento de las expectativas de desarrollo de nuestros compatriotas.

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