El efecto Rolex

La presidenta Dina Boluarte no quiere que la Fiscalía la investigue. Ha puesto en marcha toda una maquinaria ministerial para evitar seguir visitando el viejo edificio de la avenida Abancay. Una batalla legal, mediática y política que recién comienza, pero que empieza mal. Los ministros escuderos han decidido no decirle la verdad a la gente.

En el anuncio de la presentación de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para cerrarles la puerta a las investigaciones fiscales, el ministro de Justicia utilizó argumentos que no son ciertos. Aseguró que los fiscales de la nación nunca habían abierto investigación a presidentes en funciones, y que, cuando lo hicieron, la suspendieron hasta el final del mandato.

De un plumazo y con evidente malicia, el gobierno decidió eliminar una parte de la historia. La que no le conviene, por supuesto. Que tres fiscales de la nación sí iniciaron nueve investigaciones preliminares a presidentes en ejercicio.

Tampoco nos contaron que hay antecedentes jurídicos en ese sentido. A raíz de las denuncias por corrupción al entonces presidente Pedro Castillo, en junio de 2022 el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria hizo un extenso análisis del tema. Concluyó que el artículo 117 de la Constitución no prohíbe la fase de indagación, pero sí la fase de decisión. Esto es, se pueden realizar investigaciones preliminares e incluso presentar denuncia constitucional ante el Congreso, pero el Legislativo no puede acusar y, por lo tanto, la Fiscalía no puede formalizar una investigación preparatoria.

Lo más irónico de todo esto es que el premier Gustavo Adrianzén ni siquiera cree en lo que lidera. En 2022 dijo que estaba convencido de que la Fiscalía de la Nación sí puede investigar preliminarmente a un presidente en ejercicio. El efecto Rolex puede traer consecuencias impensadas.