Encarcelo, luego existo

El sistema de Derecho republicano y moderno está basado en que todos los individuos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Además, la responsabilidad de probar la culpabilidad de lo que se imputa recae únicamente en quien acusa. En nuestro país, no obstante, se ha convertido en una práctica muy común presumir la culpabilidad de los ciudadanos y, como si esto fuera poco, endilgarles la responsabilidad de probar su inocencia (cosa que es, por simple lógica, imposible). La prisión preventiva es una expresión de esta práctica.

En las últimas semanas, la señora Keiko Fujimori, el señor Vicente Silva y –más recientemente– los señores Figari y Vega fueron enviados a prisión luego de que el juez Concepción acogiera el pedido hecho por el fiscal Pérez. Los fiscales son los encargados de perseguir los delitos en nombre del Estado y no tienen por qué actuar con imparcialidad: deben tutelar los intereses de todos los peruanos y usar las herramientas legales que tengan a su disposición. Los jueces, sin embargo, deben regirse bajo otras premisas. Y me temo que no está siendo así.

No pretendo decir que ninguna de las personas que he mencionado sea culpable o inocente. De hecho, creo que lo fundamental es entender que la opinión que yo pueda tener al respecto no interesa, o no debería interesar.

El sistema de Derecho está basado en que el juez debe ser un tercero imparcial que actúe dentro de los cánones que la ley establece y que ejerza el poder de imperio con el que está investido no solo con justicia, sino con proporcionalidad. ¿Realmente es necesario que tantas personas esperen un fallo privadas de su libertad?

Hay una escala de medidas intermedias que permitirían que el juez proteja los bienes jurídicos en juego que son menos lesivas y que nuestro sistema penal ya recoge: desde las cauciones hasta los grilletes electrónicos; desde la comparecencia restringida, hasta el arresto domiciliario.

Y ojo: a mí no me acusen de fujimorista por considerar que la ley se está aplicando de manera desproporcional. Dije exactamente lo mismo en este diario con respecto a los señores Humala, a los señores Graña y a los más de 30 mil presos sin sentencia.

El problema estriba en que los jueces buscan la mayor cantidad de prestigio posible. Y la única forma de cuantificar el prestigio es recoger la opinión de las mayorías. La cuestión está en que las mayorías no conocen el Derecho. Y hace miles de años nuestra civilización creó un sistema que sustituya el ajusticiamiento por el debido proceso. Nos hemos alejado ya demasiado.